Nadie niega que la carga del recaudo no la deben llevar solo los caldenses, pero solucionar un reclamo legítimo a punta de improvisación técnica y conveniencia política arriesga el futuro vial de la región
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Pocas promesas suenan tan atractivas para el bolsillo ciudadano como escuchar que un peaje pasará, de la noche a la mañana, de costar $17.800 a tan solo $700 pesos. Es música para los oídos de cualquier conductor.
Sin embargo, detrás de la llamativa oferta que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puso sobre la mesa para calmar las protestas en Las Pavas, San Bernardo y Tarapacá, se esconde una estocada profunda al desarrollo vial del Eje Cafetero. Lo que se disfraza de «logro social» es en realidad el desmantelamiento de la planeación económica de toda una región, impulsado por el afán político a pocos días de las elecciones presidenciales.
La ebullición de este conflicto, liderado en las últimas dos semanas por el representante a la Cámara Santiago Osorio (Pacto Histórico – Alianza Verde), ha tomado por sorpresa al país, pero sobre todo, ha encendido las alarmas en los gremios y las fuerzas vivas de Risaralda y Quindío. Y no es para menos. Para cumplir con el pliego de peticiones de las manifestaciones, el Gobierno Nacional parece dispuesto a sacrificar la seguridad jurídica y la continuidad de las obras estratégicas que los departamentos han reclamado por décadas.
El golpe es doble. En primer lugar, la decisión de dar por terminado abruptamente el contrato de concesión actual con Autopistas del Café —un modelo que durante más de 30 años mantuvo las vías de la región entre las mejores del país— rompe las reglas de juego a escasos meses de su vencimiento legal, pactado para febrero de 2027. ¿Qué sentido técnico tiene liquidar anticipadamente un contrato al que le queda menos de un año, exponiendo al Estado a pleitos jurídicos, si no es por colgarse una medalla política antes de ir a las urnas?
Pero el verdadero daño al futuro de la región está en el segundo punto: el rechazo fulminante y sin evaluación técnica de la propuesta de la IP Conexión Centro. Esta iniciativa privada proyecta una inversión de 7 billones de pesos para los próximos 30 años, definiendo la hoja de ruta para modernizar la red vial regional. Al cerrarle la puerta en la cara a este proyecto, el Gobierno deja en el limbo macroobras tan críticas como la doble calzada Calarcá – La Paila. Este corredor no es un capricho local; es el cuello de botella por donde transita la carga que mueve al país desde el puerto de Buenaventura. Dejar esta obra sin doliente privado es condenarla al abandono o a la eterna espera de recursos del presupuesto nacional.
Es por esto que el entusiasmo de las protestas no se comparte en los sectores productivos de Armenia, Pereira y el propio Manizales. Los gremios económicos y las fuerzas vivas de los tres departamentos ya han manifestado su profunda preocupación. Saben perfectamente que si el mantenimiento y la operación de estas autopistas pasan a depender exclusivamente del Invías, la región perderá competitividad. La ilusión del peaje a $700 pesos se pagará caro: se pagará con el deterioro de las carreteras, con la parálisis de la infraestructura y con la fuga de inversión privada.
Socializar las pérdidas para regionalizar los aplausos políticos es una fórmula peligrosa. Al final, no existen los peajes baratos; existen las carreteras financiadas por quienes las usan o las vías destruidas que terminamos pagando todos a través de la pérdida de competitividad nacional. El Eje Cafetero no necesita un frenazo camuflado de beneficio social; necesita que se respete su futuro técnico por encima del cálculo electoral.
Nadie se opone a que las comunidades afectadas sean escuchadas. Al contrario, el reclamo de los habitantes de la zona de influencia es legítimo y debe ser el eje central de cualquier discusión futura. No es justo que la carga del recaudo y el costo de sostener un corredor nacional la lleven a cuestas, de manera desproporcionada, los caldenses. El camino correcto, sin embargo, no es dinamitar la institucionalidad a las carreras, sino sentarse a estructurar un verdadero equilibrio regional dentro de la evaluación de la nueva concesión. Es allí, sobre el papel y con rigor técnico, donde se deben balancear los cobros para todas las regiones, garantizando tarifas justas para los locales sin que eso signifique marchitar el desarrollo vial de los departamentos vecinos.
Socializar las pérdidas para cosechar aplausos políticos a corto plazo es una fórmula peligrosa. Al final, no existen los milagros financieros en la infraestructura; existen las carreteras financiadas con equidad o las vías destruidas que terminamos pagando todos con atraso. El Eje Cafetero no necesita un frenazo camuflado de beneficio social, sino un acuerdo sensato, técnico y regionalmente justo que sobreviva a las tensiones de cualquier calendario electoral.
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