El Centro Democrático difundió este jueves a través de su cuenta en la red social X una carta firmada por parlamentarios y exparlamentarios de diversos países de América Latina que expresan su preocupación por la violencia política, las amenazas contra dirigentes opositores y las posibles restricciones al proceso electoral en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales.
En el documento, los firmantes —cuyos nombres no fueron detallados en el comunicado del partido— manifiestan que «observamos con preocupación las denuncias vinculadas a la violencia política territorial, presencia de estructuras criminales en determinadas regiones del país, posibles restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos, ataques contra dirigentes opositores y cuestionamientos públicos dirigidos contra instituciones electorales encargadas de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático».
Antecedentes de violencia y amenazas
La carta hace referencia explícita a hechos concretos de violencia que han marcado el actual escenario político colombiano. Los parlamentarios latinoamericanos señalan que «hemos tomado conocimiento de distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición, incluyendo particularmente las amenazas sufridas por la Senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos, así como del grave antecedente representado por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025».
Este crimen, ocurrido en medio de la campaña electoral, se suma a un clima de inseguridad que ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional. La Unión Interparlamentaria (UIP), durante su 151ª Asamblea celebrada en octubre de 2025, ya había aprobado una resolución advirtiendo sobre los riesgos de violencia política, desinformación y la presencia de redes criminales en los procesos democráticos.
Ocho puntos de llamado a las autoridades
La declaración está estructurada en ocho puntos de llamados y recomendaciones dirigidos a las autoridades colombianas. Entre ellos, los firmantes instan a «preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas, evitando cualquier acción o narrativa que pueda erosionar la confianza pública en el proceso electoral y en sus resultados».
Asimismo, la carta expresa solidaridad con las víctimas de violencia política y sus familias, y pide a las autoridades colombianas garantizar la vida, la integridad y la seguridad de candidatos, parlamentarios, periodistas, líderes sociales y ciudadanos en general. Los parlamentarios latinoamericanos también solicitan que el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP examine las denuncias presentadas.
«Instamos a preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas, evitando cualquier acción o narrativa que pueda erosionar la confianza pública en el proceso electoral y en sus resultados.»
Fragmento de la carta de parlamentarios latinoamericanos
Los firmantes reafirman su compromiso con la democracia, la paz, el pluralismo político y la resolución pacífica de controversias en América Latina y el Caribe, y subrayan que toda elección debe realizarse en un ambiente de paz, libertad, pluralismo político, igualdad y respeto a los derechos humanos.
La difusión de esta carta por parte del Centro Democrático se da en un contexto de creciente polarización y en medio de denuncias de la oposición sobre un supuesto uso de la institucionalidad para favorecer al oficialismo. El partido ha señalado que la misiva es una muestra de la preocupación internacional por el rumbo del proceso electoral colombiano, mientras que desde el Gobierno no se ha emitido una respuesta oficial hasta el cierre de esta edición.
