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El Centro Democrático anunció que presentará una denuncia penal contra Sergio Andrés Bustos, señalado por el representante electo Daniel Briceño como contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y presunto participante en el ataque vandálico contra la sede de campaña de Paloma Valencia en Bogotá. Los hechos ocurrieron durante una jornada de protestas el viernes anterior en la localidad de Chapinero, norte de la capital, en medio de un ambiente de polarización política previo a la recta final de la campaña presidencial. Bustos habría sido identificado mediante videos que lo mostraban retirando una pancarta de campaña junto a otras personas, reconocido por una bufanda roja y blanca.
El directivo del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, declaró que “a este funcionario del gobierno que le gusta vandalizar sedes políticas obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro” y confirmó que la colectividad procederá legalmente. Por su parte, Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó en una entrevista noticiosa que “es contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo” y calificó el hecho como “absolutamente grave” porque un vinculado al Estado aparece en actos de vandalismo. Briceño agregó que “los medios han identificado a Sergio Alberto Bustos como a uno de los vándalos que atacaron la sede de Paloma Valencia” y que tendría “un contrato vigente en la Ungrd de Petro”. El representante también anunció que publicaría en redes sociales documentación sobre el supuesto vínculo contractual.
Contexto del ataque y reacciones
El ataque contra la sede política de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se produjo en medio de protestas que también vandalizaron establecimientos comerciales, entidades bancarias y la sede del partido Mira. La alcaldesa de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó lo sucedido como “un ataque a la democracia”. La colectividad afectada expresó preocupación por “la falta de garantías para la oposición en Colombia” y exigió respuestas inmediatas de las autoridades, señalando que los hechos “evidencian un ambiente de polarización en la recta final de la campaña presidencial”. Hasta el momento no existe una decisión judicial o administrativa que respalde las afirmaciones de Briceño ni se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de Bustos.
“Un ataque a la democracia”
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Daniel Briceño también señaló a Bustos como parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y lo vinculó en fotografías junto a Iván Cepeda y María José Pizarro. Sin embargo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, negó tener relación directa con Bustos y explicó que coincidieron en espacios públicos relacionados con agendas sociales. La Procuraduría tendría limitaciones para intervenir porque Bustos sería contratista, no funcionario público, según fuentes consultadas. El representante Briceño insistió en que la Ungrd, dirigida por Carlos Carrillo, debería suspender el contrato de Bustos.
El caso ha generado un debate sobre la participación de contratistas estatales en acciones políticas vandálicas, mientras las autoridades aún no han emitido una declaración oficial vinculante. La comunidad política y la ciudadanía siguen atentas a los próximos pasos judiciales y a las explicaciones que puedan surgir desde la Ungrd y otras entidades involucradas. La denuncia penal del Centro Democrático busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un contexto donde la transparencia y las garantías democráticas son temas centrales durante la campaña electoral.
Este reportaje se basa en información proporcionada por la colectividad Centro Democrático, declaraciones de sus representantes y otros actores políticos, así como en registros públicos y mediáticos. Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales para conocer el desarrollo de la denuncia y posibles medidas legales.
