El panorama político colombiano se tensó aún más a menos de un mes de la primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo de 2026, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzara una grave acusación contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, al calificar sus eventuales votos como «ilegítimos». Sin presentar pruebas concretas, Uribe afirmó en una entrevista con Noticentro 1 que los sufragios que pudiera obtener Cepeda estarían viciados por una presunta presión ejercida por grupos armados en varias regiones del país, una declaración que desató un cruce de señalamientos y desmentidos.
Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, sostuvo sin ambages que «hoy los votos de Cepeda son ilegítimos, saque los que saque, porque en la mayoría de las regiones de Colombia están impuestos por grupos armados». La acusación, de alto impacto, se da en medio de una campaña electoral donde la seguridad y la injerencia criminal en los comicios son temas recurrentes. Sin embargo, la falta de evidencia presentada por el expresidente abrió una inmediata controversia, especialmente cuando la candidata presidencial de su mismo partido, Paloma Valencia, intentó respaldar la denuncia citando un supuesto informe de la Defensoría del Pueblo que alertaba sobre coacción a favor de Cepeda.
Cepeda exige pruebas ante el Senado y la Defensoría desmiente
La respuesta desde la campaña de Iván Cepeda no se hizo esperar. En una sesión del Senado ocurrida en abril de 2026, el candidato del Pacto Histórico calificó los señalamientos de «temerarios» y retó públicamente a Uribe y a Valencia a presentar las supuestas pruebas que sustentaran la grave acusación. «Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley», declaró Cepeda, quien además advirtió que ha puesto a disposición de las autoridades información que ha recibido de organizaciones sociales sobre presiones para apoyar o retirar respaldo a candidaturas presidenciales en algunos territorios.
El intento de Paloma Valencia por darle sustento a la versión de Uribe se derrumbó rápidamente. La defensora del Pueblo, Iris Marín, salió al paso de manera contundente mediante un video público, desmintiendo categóricamente la existencia de cualquier informe oficial que indicara una coacción de grupos armados en beneficio del candidato Cepeda. «La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo», afirmó Marín, desmontando así el argumento esgrimido por la senadora del Centro Democrático.
«Hoy los votos de Cepeda son ilegítimos, saque los que saque, porque en la mayoría de las regiones de Colombia están impuestos por grupos armados»
Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de Colombia
Pese al desmentido de la Defensoría, el expresidente Uribe mantiene su postura, que se suma a un contexto de alertas sobre la influencia criminal en las elecciones. Un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) ha identificado más de 1.000 puestos de votación con posibles patrones de coerción criminal, lo que evidencia una preocupación real por la integridad del proceso electoral. En un giro adicional, el propio Iván Cepeda, tras denunciar las acusaciones sin fundamento, también alertó sobre presiones en algunos territorios y ratificó su compromiso de poner toda la información en manos de las autoridades para que se investigue y sancione a los responsables de cualquier tipo de coacción, en un escenario donde la legitimidad del voto se ha convertido en el centro del debate político.
