El exalcalde de Cartagena, William Dau, se retractó públicamente y ofreció disculpas al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, tras un proceso de conciliación adelantado en la Fiscalía General de la Nación. La diligencia, que tuvo lugar en abril de 2026, puso fin a la denuncia por presunta injuria y calumnia que Eljach había interpuesto luego de que Dau publicara una serie de videos en sus cuentas de Instagram y TikTok entre enero y marzo del mismo año, en los cuales acusaba al funcionario de corrupción, favorecimientos políticos y omisiones funcionales.
En su declaración de retractación, Dau reconoció que las expresiones utilizadas fueron “ofensivas, irrespetuosas y desobligantes”, y que sobrepasaron los límites del debate público. El exmandatario afirmó de manera explícita: “No me consta que Gregorio Eljach Pacheco haya incurrido en cualquier conducta punible o disciplinaria”. Asimismo, se comprometió a “abstenerme en lo sucesivo de realizar manifestaciones, publicaciones o señalamientos que reproduzcan, perpetúen o reiteren situaciones como las aquí rectificadas”. Además de disculparse ante Eljach, Dau extendió sus excusas al núcleo familiar del procurador y a todas las personas que pudieran haberse visto afectadas por sus publicaciones.
Un giro en la confrontación pública
La retractación marca un giro significativo frente a los señalamientos que Dau había hecho de manera reiterada, y cierra temporalmente una confrontación pública que había escalado a la vía judicial. Eljach, quien estuvo representado por el exfiscal general Mario Iguarán, había presentado la denuncia penal por injuria y calumnia tras considerar que las acusaciones en su contra eran falsas y atentaban contra su honra. El proceso de conciliación en la Fiscalía permitió que ambas partes alcanzaran un acuerdo sin llegar a un juicio.
«No me consta que Gregorio Eljach Pacheco haya incurrido en cualquier conducta punible o disciplinaria»
William Dau, exalcalde de Cartagena
Especialistas en derecho penal citados en el marco del caso señalan que la libertad de opinión, aunque es un derecho fundamental, no excluye responsabilidades legales cuando se realizan afirmaciones que puedan configurar delitos contra la honra. Este caso reabre el debate sobre los límites del discurso político en redes sociales, un espacio donde las expresiones pueden tener consecuencias judiciales si no se sustentan en hechos verificables. Con esta conciliación, se evita un proceso penal más extenso, pero queda instalada la discusión sobre hasta dónde llega el derecho a la crítica en el ámbito público.
