La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, salió a defender este lunes el mensaje que el expresidente Álvaro Uribe dirigió a grupos armados ilegales desde Segovia, Antioquia, durante el fin de semana. En declaraciones a Infobae Colombia, Valencia explicó que la propuesta de su campaña, un sometimiento a la justicia sin negociación, es la alternativa a lo que calificó como una “insostenible” política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. La controversia se desató luego de que Uribe advirtiera directamente al ELN, al Ejército Gaitanista (Clan del Golfo) y a las disidencias de las Farc que no se confiaran del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pues –según dijo– “apenas sienta presión de Estados Unidos, los entrega”.
El mensaje, lanzado el domingo 24 de mayo en el municipio antioqueño, fue contundente: “Con Paloma Valencia, las cosas son serias: un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”. Valencia retomó esas palabras y las contextualizó: “Muchas personas no entienden la diferencia entre diálogo y sometimiento. Quiero explicar qué significa: es una ley que permite a los grupos ilegales desmovilizarse colectivamente o individualmente bajo reglas previamente establecidas en la ley, sin negociación”. La candidata recordó que durante el gobierno de Uribe (2002-2010) se desmovilizaron más de 30.000 hombres en armas, entre guerrilleros y miembros de autodefensas, mediante ese mecanismo que definió como “un proceso administrativo donde alguien dice: ‘Quiero desmovilizarme’, y el Estado le indica las condiciones y requisitos”.
Críticas a la Paz Total y la presión de Estados Unidos
Valencia sostuvo que la política de Paz Total del presidente Petro es insostenible, en parte por la presión judicial que viene de Estados Unidos. Citó como ejemplo las extradiciones de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, y de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba. “Lo que está diciendo el presidente Uribe es que la política de paz total es insostenible. En Estados Unidos están personas como Alex Saab y el hermano de Piedad Córdoba, que pueden hacer declaraciones que comprometan a candidatos”. Según la aspirante, esa presión internacional fue la que obligó al mismo Petro a girar en su política y ahora lleva a Uribe a advertir a los grupos armados. “Estados Unidos ejercerá presión, como lo hizo con Petro. Por eso Uribe les dice a los grupos ilegales que les conviene más pensar en someterse durante un gobierno de Paloma Valencia, que tendrá reglas claras y palabra que cumplir”, afirmó.
Las declaraciones de Uribe no tardaron en generar reacción. El presidente Gustavo Petro respondió acusando al uribismo de promover el miedo y la mentira. En medio del cruce, Valencia presentó su propia propuesta de seguridad. “Nuestra política de seguridad es la seguridad total y comienza por desmantelar la paz total de Iván Cepeda, que ha llevado a más de 40.000 homicidios, de los cuales 21.000 son jóvenes. Este país está perdiendo a su juventud. Actuaremos siempre en el marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, advirtió la candidata, que también comparó a Iván Cepeda con las “traiciones” ocurridas en Cuba y Venezuela, sin aportar más detalles.
“Aquí en Segovia (Antioquia), envío un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Iván Cepeda. Apenas sienta presión de Estados Unidos, los entrega. Ellos conocen la traición, como ocurrió en Cuba y en Venezuela. Con Paloma Valencia, las cosas son serias: un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
“Es un proceso administrativo donde alguien dice: ‘Quiero desmovilizarme’, y el Estado le indica las condiciones y requisitos. Con ese mecanismo, en el gobierno de Uribe se desmovilizaron más de treinta mil hombres en armas, principalmente guerrilleros, además de la desmovilización de las autodefensas”.
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático
La candidata del Centro Democrático dejó claro que su eventual gobierno no abrirá mesas de negociación política con los grupos armados, sino que ofrecerá un marco legal para la desmovilización individual o colectiva bajo condiciones fijadas por el Estado. Mientras tanto, la controversia sobre el rumbo de la seguridad y la paz en Colombia sigue escalando a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.
