El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) contra el Decreto 1099 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro y el entonces ministro del Interior Armando Benedetti. El auto, proferido el 20 de mayo de 2026 por el magistrado Fredy Ibarra Martínez, de la Sección Tercera – Subsección B, abre la puerta a la posible suspensión de la norma que ordena a todas las entidades públicas contratar exclusivamente con la Imprenta Nacional la producción de pasaportes, cédulas de extranjería y otros documentos oficiales. La demanda, radicada el 14 de noviembre de 2025, fue admitida en única instancia bajo el medio de control de nulidad simple, y el tribunal ordenó notificar a las partes demandadas —la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior—, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, concediendo un traslado de 30 días hábiles para que se pronuncien.
La demanda plantea siete cargos de presunta ilegalidad contra el decreto. FEDe.Colombia sostiene que la norma «desborda lo establecido en la Ley 109 de 1994», la cual autoriza una contratación preferente con la Imprenta Nacional únicamente para publicaciones de seguridad jurídica, como el Diario Oficial, gacetas y normas oficiales. Según el escrito de nulidad, el Decreto 1099 de 2025 «introduce de facto una modalidad de contratación directa que carece de respaldo legal» y viola principios fundamentales de la contratación pública y la libre competencia. La fundación argumenta que «los trabajos de impresión que se autorizan en la Ley 109 no pueden estar referidos a documentos como los pasaportes, la cédula de extranjería, el Permiso por Protección Temporal (PPT), el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y demás instrumentos migratorios», lo que evidencia una extralimitación del Ejecutivo.
Los argumentos de la demanda y el contexto de la contratación pública
Además de cuestionar el núcleo del decreto, la demanda apunta contra el artículo 5 de la norma, que otorga a la Imprenta Nacional facultades de verificación y reporte sobre los procesos contractuales de otras entidades en el sistema Secop II. Para FEDe.Colombia, esta disposición crea un monopolio de facto que no tiene respaldo en la ley. La organización también mantiene desde 2024 una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionada con la producción de cédulas de extranjería. En esa acción, que involucra a Migración Colombia, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la empresa Accesos Holográficos Sucursal Colombia, se denuncia una posible intermediación ilegal. Sobre este caso, FEDe.Colombia señaló que «las obligaciones de ambos contratos son idénticas, lo que evidencia que la Imprenta operó como intermediaria», un patrón que la demanda de nulidad busca frenar.
«Los trabajos de impresión que se autorizan en la Ley 109 no pueden estar referidos a documentos como los pasaportes, la cédula de extranjería, el Permiso por Protección Temporal (PPT), el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y demás instrumentos migratorios»
FEDe.Colombia, demanda de nulidad
La admisión de la demanda tiene implicaciones directas sobre la política de centralización de documentos de identidad y migración que impulsa el Gobierno Nacional. Si el Consejo de Estado declara nulo el decreto, las entidades públicas podrían volver a contratar la producción de pasaportes y cédulas de extranjería con terceros, rompiendo el monopolio que la norma establecía a favor de la Imprenta Nacional. La Procuraduría General de la Nación ya había advertido que la Imprenta Nacional no cuenta con la infraestructura suficiente para producir pasaportes y ha recurrido a subcontratación, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la legalidad y viabilidad de la medida. El traslado de 30 días hábiles otorgado por el alto tribunal permitirá a las entidades demandadas presentar sus descargos, mientras la comunidad jurídica y los organismos de control siguen de cerca el desarrollo de este proceso que podría redefinir la contratación pública de documentos oficiales en Colombia.
