La Defensoría del Pueblo confirmó que una misión humanitaria se desplegó en zonas rurales de San José del Guaviare para apoyar la recuperación de 48 cadáveres, tras los enfrentamientos armados registrados el pasado 26 de mayo entre dos facciones de las disidencias de las Farc. Los cuerpos fueron hallados en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, a más de 100 kilómetros del casco urbano, en medio de una disputa por el control territorial, corredores estratégicos y economías ilícitas entre el Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), liderado por alias Calarcá.
La misión humanitaria estuvo integrada por Bomberos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare. Las comunidades locales colaboraron en el resguardo inicial de los cuerpos y en las labores de recuperación, aunque la Defensoría advirtió que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir ese tipo de responsabilidades ni a los riesgos asociados a las hostilidades. El acceso a las zonas fue complejo debido al mal clima, la posible presencia de minas antipersonal y la distancia superior a los 100 kilómetros desde la cabecera municipal.
Los enfrentamientos se producen en el marco de la ruptura entre las dos facciones disidentes de las antiguas Farc, una situación que la Defensoría ya había alertado mediante la Alerta Temprana 001 de 2025, donde se advertía sobre la separación y el alto riesgo de confrontación armada en el sur del país. En su comunicado oficial, la entidad señaló textualmente: “La profundización de la confrontación armada que hemos venido advirtiendo desde comienzos de 2025. La disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas”.
Las comunidades indígenas, campesinas y rurales de la zona han sufrido amenazas, restricciones a la movilidad, controles de comunicaciones e imposición de normas por parte de los grupos armados. La Defensoría insistió en que la protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores armados y las autoridades competentes. En sus declaraciones textuales afirmó: “Ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades. La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes”.
El ministro de Defensa, Sánchez, señaló a Blu Radio que los reportes deben analizarse con cautela debido a las restricciones de acceso a la zona, mientras que la identificación plena de los 48 cuerpos aún está en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes. La Defensoría hizo un llamado tanto al Gobierno nacional como a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención humanitaria, y reiteró su exigencia a los grupos armados de excluir a la población civil de las hostilidades.
