La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, reactivó de forma inmediata las órdenes de captura contra siete cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá. La decisión, materializada mediante la Resolución N° 0-0160 del 28 de mayo de 2026, se da en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que anuló parcialmente la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, la cual había suspendido dichas órdenes en el marco del proceso de Paz Urbana promovido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida cautelar, emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el pasado 20 de mayo, ordenó la suspensión provisional parcial del beneficio que amparaba a los siete individuos. Entre los nombres revelados en el proceso figuran Alberto Antonio Henao Acevedo, Edilberto Dimaria Oliveros Correa y Fredy Alexander Henao Arias, quienes participaban en mesas de negociación con el Gobierno. Según la resolución de la Fiscalía, se dejó sin efecto el artículo de la Resolución 00072 que otorgaba la suspensión de las capturas, reactivando todas las órdenes judiciales vigentes contra estos sujetos.
Reacción del alcalde de Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró abiertamente la decisión judicial. En sus declaraciones, el mandatario fue contundente al señalar que estos cabecillas están vinculados a hechos de violencia, extorsiones y desplazamientos que afectan a la ciudad. “Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley”, afirmó Gutiérrez, reflejando la postura crítica de su administración frente a la política de Paz Urbana.
“Un magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto interlocutorio del 20 de mayo de 2026 decretó la medida cautelar de suspensión provisional parcial de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, respecto de las siete (7) personas sobre las cuales aún recae el beneficio de suspensión de las órdenes de captura, en ella ordenada”.
Resolución de la Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía ordenó comunicar la decisión a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, así como a las autoridades de Policía Judicial, para que procedan con la implementación de las capturas de manera inmediata. Este revés judicial para la política de paz del Ejecutivo se suma a una controversia paralela, donde el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, ha expresado su rechazo ante la decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo. Patiño señaló que, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se estaría “subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, una postura que contrasta con la firmeza mostrada por la fiscal Camargo, quien tras una reunión de más de tres horas con el comisionado, ratificó que no existen las condiciones de certeza necesarias para conceder dicha suspensión.
