En un hecho sin precedentes en la historia de Medellín, la Alcaldía ejecutó un proceso de extinción de dominio sobre 42 inmuebles donde se defraudó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por más de 1,2 billones de pesos en servicios públicos. La operación, confirmada el 29 de mayo de 2024, fue liderada por el alcalde Federico “Fico” Gutiérrez, el gerente de EPM, John Maya, y el Brigadier Henry Bello, comandante de la Policía del Valle de Aburrá. Los bienes, que incluyen 14 hoteles y 28 propiedades, están avaluados en más de 96.000 millones de pesos y se ubican en los barrios Buenos Aires, Laureles y Belén. La primera denuncia por estos hechos se registró en febrero de 2023, aunque la actividad fraudulenta data de 2013 y se volvió sistemática desde 2020.
La investigación, que duró 16 meses, reveló que los inmuebles pertenecían a un mismo clan familiar que operaba en alianza comercial con terceros. El método de defraudación consistía en la alteración ilegal de medidores para registrar un menor consumo, así como la instalación de conexiones clandestinas de agua, energía y gas. Según el gerente de EPM, John Maya, estas conexiones ilícitas requerían un conocimiento técnico especializado, incluso con la construcción de túneles subterráneos. “Eso lo tiene que haber hecho con túneles subterráneos, eso lo tiene que haber hecho gente de mucho conocimiento”, afirmó Maya. El fraude no solo representó una pérdida multimillonaria para la empresa, sino que puso en riesgo la seguridad de los habitantes de la ciudad, debido al peligro de incendios o emergencias derivadas de instalaciones clandestinas.
Declaraciones de las autoridades
Durante la presentación de los resultados, el Brigadier Henry Bello detalló la meticulosa labor de inteligencia que permitió identificar el patrón delictivo. “Adelantamos toda la investigación, la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron identificar el perfil criminal. El patrón delictivo sistemático relacionado con la alteración ilegal de sistemas de medición de la energía, del acueducto y del gas de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín”, manifestó el oficial.
«Muchos se volvieron muy desafiantes cuando los llamaban a decir: ‘Si tiene una situación ilegal, venga arreglemos, pongámonos de acuerdo, le damos facilidad’. Respondían: ‘No, demándeme, es que yo le meto un abogado; mientras a usted le pago 500 millones, a un abogado le pago 100 y listo’. No habían prestado atención»
John Maya, Gerente de EPM
El alcalde Federico Gutiérrez fue contundente al señalar que esta es la primera vez que se aplica la extinción de dominio por defraudación de fluidos en la ciudad. “Se robaban el agua, la energía y el gas de Medellín y hoy les estamos quitando los bienes. Por primera vez en la ciudad se adelantó un proceso de extinción de dominio por defraudación de fluidos. Durante 16 meses de investigación, junto a EPM, la Policía y la Fiscalía, identificamos estructuras dedicadas a manipular ilegalmente servicios públicos en hoteles y establecimientos comerciales. Aquí no vamos a permitir que el crimen siga operando detrás de fachadas. Vamos a seguir golpeando a los delincuentes donde más les duele: en la plata y en sus bienes”, declaró el mandatario.
Otros casos y próximos pasos
Además de los 42 inmuebles intervenidos, las autoridades mencionaron otro caso significativo: una empresa de plástico reciclado que defraudó 450 millones de pesos en el servicio de gas. Las investigaciones continúan abiertas y se espera que en las próximas semanas se revelen más procesos, a medida que avancen las intervenciones. Los bienes confiscados pasarán a manos de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar y darles un uso legal. Con esta acción, la Alcaldía de Medellín envía un mensaje claro contra la impunidad y la defraudación de recursos públicos, que durante años afectó las finanzas de EPM y puso en vilo la seguridad de la ciudadanía.
