La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció un acuerdo histórico con la empresa Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P., conocida como Progasur, que obliga a la compañía a devolver más de 8.796 millones de pesos a los usuarios de gas natural por cobros indebidos realizados entre julio de 2023 y mayo de 2026. La millonaria cifra deberá ser restituida mediante descuentos directos en las facturas del servicio, sin que los afectados tengan que adelantar ningún trámite adicional.
La Superservicios detectó durante una revisión técnica que Progasur aplicó un porcentaje de ajuste tarifario superior al 10,94 % autorizado por el esquema regulatorio, lo que constituyó cobros improcedentes durante casi tres años. Los cobros indebidos se acumularon desde el 1 de julio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2026, y el proceso de devolución comenzará en junio de 2026, extendiéndose hasta el 31 de diciembre del mismo año. La entidad concluyó que los valores cobrados por encima del límite no se ajustaban a la normatividad vigente y debían ser restituidos de manera inmediata.
Un alivio para miles de hogares colombianos
Este acuerdo representa uno de los procesos de compensación más relevantes anunciados recientemente en el sector de servicios públicos en Colombia, y beneficiará a miles de hogares y pequeños establecimientos comerciales que dependen del gas natural en las regiones donde opera Progasur. La mecánica de devolución será progresiva y ordenada, con descuentos reflejados directamente en las facturas del servicio, lo que evita dificultades administrativas tanto para la empresa como para los usuarios. La Superservicios ha anunciado que mantendrá un seguimiento permanente para verificar el cumplimiento del acuerdo y garantizar que las devoluciones se realicen en los plazos establecidos.
La entidad recomienda a todos los usuarios revisar detalladamente las próximas facturas para verificar la aplicación correcta de los descuentos, y recuerda que pueden acudir a los canales oficiales de atención si detectan inconsistencias en los cobros. Este caso sienta un precedente importante en la defensa de los derechos de los consumidores de servicios públicos domiciliarios en Colombia, demostrando que las autoridades están atentas al cumplimiento de las normas tarifarias.
