José Higinio Arroyo Ojeda, alias 8.5, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) condenado por las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia durante la década de 1990, aparece en la lista de 29 combatientes del Clan del Golfo que fueron admitidos al proceso de paz impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. La inclusión de Arroyo, quien recuperó la libertad en 2018 tras recibir una pena alternativa en el marco de Justicia y Paz, ha generado alarma entre las víctimas y las autoridades, que investigan si se trata de un error administrativo o si el exparamilitar mantiene vínculos actuales con la organización criminal.
La lista fue entregada por voceros del Clan del Golfo a la delegación de paz del Gobierno, que a su vez la remitió a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa para su verificación. El coordinador de la delegación, Álvaro Jiménez Millán, explicó que el procedimiento consiste en recibir el listado y enviarlo a las instancias judiciales, ya que la delegación no cuenta con herramientas para evaluar la pertenencia de las personas al grupo. Sin embargo, la presencia de Arroyo, de 59 años, ha puesto en entredicho la transparencia del proceso, pues sus antecedentes incluyen graves violaciones de derechos humanos, como las masacres de La Granja, donde fueron asesinadas siete personas entre campesinos y líderes sindicales, y de El Aro, con doce víctimas asesinadas y torturadas, además de más de 1.400 desplazados.
La polémica por los antecedentes de Arroyo
Arroyo fue jefe paramilitar bajo el mando de Carlos Castaño y dirigió las incursiones en los corregimientos de La Granja y El Aro, en Antioquia. Condenado en la jurisdicción de Justicia y Paz, cumplió una pena alternativa y quedó en libertad en 2018, aunque permanece como compareciente. Frente a su inclusión en la lista de paz, el exjefe paramilitar aseguró que no pertenece al Clan del Golfo y que se enteró de la situación por redes sociales. Preparó un comunicado para solicitar a las autoridades que clarifiquen su situación y descarta cualquier vínculo actual con el grupo.
«Nosotros recibimos un listado, ellos nos dicen que esas personas forman parte del grupo, y nosotros aplicamos lo que la ley dice, que es remitir ese listado tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Defensa»
Álvaro Jiménez Millán, coordinador de la delegación de paz del Gobierno (citado por Semana)
El gobierno defiende el procedimiento, pero la controversia crece entre víctimas y organizaciones de memoria histórica, que consideran grave que individuos vinculados a delitos violentos puedan acceder a beneficios en procesos de paz sin una verificación rigurosa. La audiencia de incidente de reparación a las víctimas de las masacres está programada para el 1 de junio, lo que añade urgencia al esclarecimiento de la situación de Arroyo.
Reacciones y próximos pasos
La delegación de paz insiste en que la verificación judicial es externa y que su labor se limita a recibir y remitir los listados. Sin embargo, el caso de Arroyo expone las fisuras del sistema de Justicia y Paz, señalado como una posible vía de reincorporación para exresponsables de crímenes graves. Mientras la Fiscalía y el Ministerio de Defensa realizan las corroboraciones, las víctimas esperan respuestas y advierten sobre el riesgo de que la inclusión de nombres sin fundamento comprobado pueda reabrir heridas y vulnerar la confianza en el proceso de paz.
Con 29 combatientes admitidos en la lista del Clan del Golfo, el gobierno Petro enfrenta el desafío de garantizar que los diálogos de paz no se conviertan en un refugio para personas condenadas por violaciones de derechos humanos. El caso de José Higinio Arroyo Ojeda, alias 8.5, se erige como un símbolo de las dificultades para conciliar la búsqueda de la paz con la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas.
