En un hecho que ha generado amplio rechazo en la región, el alcalde de Tununguá, occidente de Boyacá, Elkin Alfonso Gil, fue detenido en la madrugada del pasado 29 de mayo por uniformados de la Policía Nacional. El mandatario, cuyo período de gobierno se extiende hasta 2027, fue arrestado luego de agredir física y verbalmente a los patrulleros que acudieron a un parque público del municipio para atender quejas por consumo de alcohol y música a alto volumen fuera del horario permitido, incumpliendo así un decreto municipal de convivencia que él mismo había firmado.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes llegaron al lugar tras recibir denuncias ciudadanas. Al solicitar el cese de la actividad, se encontraron con la resistencia del alcalde y un familiar suyo que también se desempeña como funcionario público. Ambos se negaron a acatar la orden y protagonizaron un altercado que escaló hasta la agresión contra los uniformados, lo que obligó a su detención y posterior traslado a la estación de Policía. Durante el procedimiento y ya en el recinto policial, según videos que circularon en redes sociales como X y TikTok, se registraron insultos y amenazas por parte de los detenidos hacia los agentes.
Consecuencias penales y administrativas
El hecho ha puesto sobre la mesa la grave contradicción entre la norma firmada por el alcalde y el comportamiento que él mismo exhibió. Según el artículo 429 del Código Penal colombiano, la violencia contra servidor público, en el marco de sus funciones, acarrea una pena de prisión de 4 a 8 años. Adicionalmente, la Ley 1801 de 2016, en su artículo 35, contempla una multa tipo 4, equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, y la obligación de asistir a programas pedagógicos sobre convivencia. Las autoridades han confirmado que la justicia definirá la situación judicial del mandatario, quien podría enfrentar también sanciones administrativas como la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El arresto del alcalde Gil ha provocado un fuerte debate en la opinión pública, al revelar el incumplimiento de una normativa que él mismo impuso a la comunidad. El incidente, que quedó registrado en video y se expandió rápidamente por plataformas digitales, evidencia una crítica ruptura entre el discurso oficial y la conducta personal de un gobernante local.
