Una grave denuncia sacude al sistema de salud en La Guajira y salpica la campaña presidencial del Pacto Histórico. Funcionarios del Hospital de Nazareth, intervenido por el Gobierno desde enero de 2025, habrían utilizado recursos públicos y uniformes institucionales para hacer proselitismo político a favor del candidato Iván Cepeda en zonas rurales del municipio de Uribia. La revelación, hecha por el diario El Colombiano el 30 de mayo de 2026, se sustenta en videos e imágenes que muestran a personal de los Equipos Básicos de Salud (EBS) portando tarjetones y propaganda del Pacto Histórico durante visitas a rancherías de la Alta Guajira. En uno de los registros audiovisuales, una funcionaria pregunta en wayuunaiki “¿Cuál es nuestro gallo?”, a lo que la comunidad responde al unísono “Cepeda”.
Las denuncias apuntan directamente a una práctica prohibida por la ley colombiana: el uso de bienes del Estado para fines electorales. Según una fuente regional que habló bajo reserva con El Colombiano, “en vez de estar atendiendo a la gente que se muere en La Guajira, los equipos básicos llevan semanas haciendo campaña con plata pública”. El escándalo adquiere mayor dimensión al conocerse que el Hospital de Nazareth está bajo intervención estatal desde enero de este año por presuntas irregularidades administrativas, una medida adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud.
Los Equipos Básicos de Salud, brigadas de atención primaria impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, han sido objeto de críticas recurrentes por su alto costo y baja trazabilidad. Cada uno de estos equipos tiene un gasto mensual de 51 millones de pesos. A esto se suma un contrato del interventor del hospital, Larry Laza, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por 15.000 millones de pesos, calificado ampliamente como fallido, y la adquisición de ambulancias marítimas por 1.680 millones de pesos, cuya utilidad también ha sido puesta en duda.
Reacciones políticas y rechazo institucional
La controversia no tardó en escalar al plano político nacional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció con dureza: “Petro ensayó estos grupos en la Alcaldía de Bogotá para hacer política y ha llenado al país de los mismos para imponer a Cepeda en el proceso de hacer de Colombia una sucursal chavista”. Por su parte, el senador Andrés Forero cuestionó abiertamente el uso de recursos públicos en actividades proselitistas, mientras que desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras calificaron los hechos como de “extrema gravedad”. La organización Pacientes Colombia pidió además la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que se investiguen las responsabilidades fiscales y disciplinarias del caso.
Frente a la avalancha de denuncias, el Hospital de Nazareth emitió un comunicado oficial en el que “rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifican institucionalmente al hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político”. La administración del centro asistencial advirtió que tomará medidas administrativas, contractuales y legales contra los responsables, aunque hasta el momento no se han identificado individualmente a los funcionarios que aparecen en los videos.
“Petro ensayó estos grupos en la Alcaldía de Bogotá para hacer política y ha llenado al país de los mismos para imponer a Cepeda en el proceso de hacer de Colombia una sucursal chavista”
Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de Colombia
Este episodio se suma a una serie de denuncias previas sobre la participación de entidades estatales en la campaña del Pacto Histórico, como el evento conocido como “Pacto Fest”, realizado en la Plaza de Bolívar. Mientras la Procuraduría y la Contraloría evalúan si abren investigaciones de oficio, en La Guajira persiste la pregunta sobre si los recursos destinados a salvar vidas terminaron siendo utilizados para hacer campaña política en las rancherías más apartadas del país, donde la ausencia del Estado es, precisamente, una de las mayores quejas de sus habitantes.
