La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, por presunta participación indebida en política durante la jornada electoral presidencial del pasado 31 de mayo en Valledupar. El ente de control emitió un documento oficial en el que ordena la apertura del proceso tras identificar al presunto autor de los hechos, luego de que el funcionario declarara públicamente, en medio de la apertura de la jornada, que «solo hay una [opción] que respalda un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el Presidente de la República», lo que fue interpretado como un posible apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda.
La conducta investigada es la presunta participación indebida en política, vedada por la Constitución colombiana y el Código de Garantías Electorales, que prohíben a los funcionarios públicos intervenir en actividades políticas para asegurar la equidad en los procesos electorales. De acuerdo con el documento de la Procuraduría, «la información aportada hasta el momento permite identificar al presunto autor de los hechos materia de investigación, respecto de los cuales existe una determinación inicial suficientemente precisa». En ese sentido, se vinculará al ministro Sanguino al proceso disciplinario.
Posibles sanciones y antecedentes
El Código General Disciplinario contempla sanciones que pueden ir desde multa hasta suspensión o inhabilidad para ejercer cargos públicos. La ley establece una reducción de hasta el 50% de la sanción si el investigado acepta los cargos durante la fase de investigación, y de una tercera parte si la aceptación se produce en la etapa de juzgamiento. No obstante, el beneficio queda excluido si la falta es catalogada como «gravísima». El procedimiento incluye la notificación al implicado, la garantía de su derecho a la defensa y la práctica de pruebas, mientras que la retractación solo procede en caso de vulneración de derechos fundamentales.
Este caso se suma a un contexto en el que el debate sobre la intervención política de funcionarios públicos se intensifica en cada ciclo electoral. En semanas previas, el presidente Gustavo Petro fue objeto de llamados de atención por parte de autoridades de control por participar en eventos políticos en la costa Caribe. Asimismo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también fue objeto de otra investigación formal por promover el voto durante un acto oficial. Según la Procuraduría, estas medidas buscan evitar que funcionarios utilicen recursos estatales para favorecer intereses particulares en procesos electorales.
«Solo hay una que respalda un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el Presidente de la República»
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
«En el caso que ocupa la atención de este despacho, la información aportada hasta el momento permite identificar al presunto autor de los hechos materia de investigación, respecto de los cuales existe una determinación inicial suficientemente precisa. Así las cosas, se ordenará la apertura de investigación disciplinaria a la que será vinculado el ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez»
Procuraduría General de la Nación (documento oficial)
La investigación disciplinaria contra Sanguino se suma a la creciente presión sobre el gabinete del presidente Gustavo Petro, en medio de un clima electoral donde los límites entre la gestión pública y la actividad política continúan siendo objeto de escrutinio por parte de los organismos de control. La Procuraduría, en su documento, subraya que la actuación busca garantizar la imparcialidad y la transparencia de los procesos democráticos.
