En un hecho sin precedentes en el marco del Plan Democracia, un teniente y un suboficial del Ejército Nacional fueron capturados por agentes de la Dijín en la madrugada del domingo 31 de mayo en el municipio de Los Andes Sotomayor, Nariño, luego de negarse a cumplir una orden de despliegue para reforzar la seguridad durante las elecciones. Los militares, pertenecientes a la unidad EXDE (detección y neutralización de minas antipersonal y artefactos explosivos) de la Brigada 23, se resistieron a movilizar a 32 soldados profesionales hacia el Batallón de Chapalito, en Pasto, donde debían completar un curso de reentrenamiento antes de ser desplegados en una zona electoral considerada de alto riesgo. La detención se produjo cuando la unidad se preparaba para partir, y los uniformados fueron presentados ante la Justicia Penal Militar, donde un fiscal solicitó medida de aseguramiento, aunque la decisión judicial aún no se ha hecho pública.
Según información conocida durante la audiencia de legalización de captura, los militares argumentaron que el reentrenamiento de los 32 efectivos no había concluido y que existía una seria preocupación por la seguridad del personal ante la presencia de al menos seis grupos armados ilegales que operan en la región de Los Andes Sotomayor, en el noroccidente de Nariño. La orden de despliegue se enmarca en el Plan Democracia, diseñado para garantizar la normalidad durante las elecciones en zonas de alto riesgo, y la unidad EXDE es clave para asegurar las rutas electorales y proteger a la población civil. Hasta el momento, la Brigada 23 no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, que ha generado debate sobre las condiciones de seguridad y los protocolos militares en territorios dominados por estructuras armadas.
Presión armada y certificado electoral
Paralelamente, un audio atribuido a alias Indio Jiménez, cabecilla de la subestructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, reveló el nivel de coacción que enfrentan las comunidades rurales de Nariño en vísperas de las elecciones. En la grabación, difundida por la revista Semana, se escucha al presunto líder ilegal instruir a sus milicianos para que exijan a los campesinos de los municipios de Policarpa y Taminango la presentación de un certificado electoral distribuido por el grupo armado como requisito para poder movilizarse durante la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. La medida, que según el audio forma parte de un sistema de carnetización, busca controlar y restringir los movimientos de la población civil en estas zonas de influencia guerrillera.
«Para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también»
Alias Indio Jiménez, presunto cabecilla de la subestructura Franco Benavides
En el mismo mensaje, el cabecilla advierte que no se aceptarán excusas como la falta de dinero o tiempo para justificar la ausencia en las urnas. «Que no vengan (a decir) que no tengo pa’l pasaje, que no me quedó tiempo, no, eso es algo que se vino hablando desde hace mucho rato», se le escucha decir. Según informes de inteligencia citados por Semana, esta práctica de carnetización se ha extendido en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Meta, Antioquia y Guaviare, aunque hasta el momento no hay denuncias formales ni pruebas comprobadas, según voceros oficiales. La presión armada sobre las comunidades de Policarpa y Taminango se intensificó en los días previos a las elecciones, mientras las autoridades electorales y militares intentan garantizar el libre ejercicio del voto en medio de un clima de intimidación que pone en riesgo la democracia en estas regiones del país.
