La campaña presidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, cerró la primera vuelta electoral con una deuda que supera los 17.000 millones de pesos, pese a haber recibido la reposición estatal por los votos obtenidos. La millonaria obligación financiera se originó en la diferencia entre los gastos ejecutados, que ascendieron a 32.000 millones de pesos, y el reembolso que otorga el Estado, calculado en cerca de 14.115 millones de pesos, según los informes de la campaña conocidos por Portafolio.
Los ingresos declarados por la candidatura del Centro Democrático alcanzaron los 34.000 millones de pesos, de los cuales 32.000 millones correspondieron a créditos otorgados por Bancolombia y otros 2.000 millones a un préstamo directo del partido político. Sin embargo, el gasto ejecutado fue exactamente igual al monto de los créditos bancarios, lo que dejó un déficit evidente una vez descontada la reposición estatal. El mecanismo de reposición de votos en Colombia establece un pago de 8.613 pesos por cada voto válido obtenido en primera vuelta, y Valencia alcanzó 1.638.893 sufragios, lo que arroja un monto estimado de 14.115 millones de pesos, es decir, apenas el 44% de lo que costó la campaña.
Financiación política y topes electorales
Katherin Díaz, experta en financiación política, explicó que “la reposición de votos no es un premio, sino un reembolso condicionado al cumplimiento de las reglas”. Este reembolso no es automático: la campaña debe presentar informes detallados en el aplicativo Cuentas Claras y someterse a la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que verifica que no se hayan superado los topes legales ni utilizado fuentes prohibidas de financiación. En este caso, la deuda recae típicamente sobre el partido político, aunque depende de los acuerdos internos previos con la candidata.
“La reposición de votos no es un premio, sino un reembolso condicionado al cumplimiento de las reglas”
Katherin Díaz, experta en financiación política
El caso de la campaña de Paloma Valencia no es aislado en el panorama electoral colombiano. El artículo menciona que otras candidaturas, como la del Pacto Histórico en 2022, también enfrentaron deudas significativas, en ese caso con la empresa Sadi. La diferencia clave en esta ocasión es la magnitud del déficit: los 17.000 millones de pesos que quedaron sin cubrir representan un desafío financiero considerable para el Centro Democrático, que deberá asumir el saldo si no existen acuerdos que trasladen la responsabilidad a la candidata.
Para una eventual segunda vuelta, el monto de reposición se reduce drásticamente a 2.109 pesos por voto válido, lo que hace aún más compleja la ecuación financiera para cualquier campaña que no logre un respaldo masivo. En el caso de Valencia, la baja votación obtenida —1.638.893 sufragios— estuvo lejos de cubrir los gastos ejecutados, dejando una lección clara sobre los riesgos de financiar una campaña con créditos bancarios sin garantizar un número suficiente de votos que permita nivelar las cuentas.
