La Registraduría Nacional rechazó de manera tajante las acusaciones de fraude electoral formuladas por el presidente Gustavo Petro tras la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. En un comunicado oficial de tres páginas difundido la noche del martes 2 de junio, la entidad defendió la legalidad del proceso electoral y negó categóricamente el cierre anticipado del censo, la alteración del software electoral y la distribución anómala de votos que el mandatario denunció a través de sus redes sociales.
El registrador nacional, Hernán Penagos, encabezó la respuesta institucional que busca despejar las dudas sembradas por el presidente Petro, quien había asegurado en un hilo de tres mensajes en X que se alteraron más de 885.000 cédulas y que el software electoral fue modificado el martes 26 de mayo. La Registraduría fue enfática al señalar que a la 1:21:35 p. m. y a las 7:21:13 p. m. de esa fecha «no se realizó modificación alguna a ningún software electoral», desvirtuando así uno de los señalamientos centrales del jefe de Estado.
En cuanto al censo electoral, que quedó definitivamente conformado por 41.421.973 colombianos habilitados para sufragar, la entidad aclaró que los plazos se cumplieron conforme a la Ley 1475 de 2011. La inscripción de ciudadanos para votar cerró el 31 de marzo de 2026, mientras que el cierre definitivo del censo se produjo el 30 de abril del mismo año, desmintiendo que este hubiera sido cerrado dos meses antes de los comicios como lo había sugerido el presidente Petro.
Señalamientos de manipulación informática
La controversia surgió luego de que Abelardo de la Espriella resultara ganador de la primera vuelta presidencial, definiendo su candidatura para la segunda vuelta del 21 de junio contra Iván Cepeda. En medio de la tensión política, la Registraduría reveló que tiene evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial, que no corresponden a las verdaderas actas electorales. La entidad hizo un llamado a las campañas políticas para que sus auditores de sistemas interpreten y comuniquen de manera rigurosa la información técnica suministrada.
«No es cierto que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos (2) meses antes de los comicios»
Registraduría Nacional, comunicado oficial
La entidad detalló que el proceso contó con 122.020 mesas de votación en total, de las cuales 120.527 se instalaron en Colombia el 31 de mayo, 1.489 en el exterior entre el 25 y el 30 de mayo, dos por orden judicial y dos en el Capitolio Nacional. Respecto a las denuncias sobre el potencial de votantes por mesa, la Registraduría explicó que este es de 360 ciudadanos en cabeceras municipales y corregimientos, pero puede llegar hasta 500, 800 y 1.200 en puestos de censo como Corferias en Bogotá, donde concurrieron cerca de 562.290 ciudadanos.
Alta votación y escrutinio
La Registraduría reconoció que más de 5.300 mesas registraron votaciones superiores a 300 sufragantes, pero aclaró que estos resultados corresponden a distintas campañas políticas y no exclusivamente a la del ganador de la primera vuelta. Los potenciales de votantes por mesa se publicaron mediante las resoluciones 4601 y 4602 del 4 de mayo de 2026, documentos que fueron entregados a las organizaciones políticas ese mismo día para su conocimiento y verificación.
El escrutinio de los votos se realizó en cerca de 3.000 comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República, y según la entidad, se reportaron reclamaciones mínimas durante todo el proceso. La Registraduría también recordó que el 22 de mayo de 2026 entregó a las campañas una aplicación de consulta individual del censo electoral en CD, permitiendo la verificación de los datos con antelación a los comicios.
En un gesto de transparencia de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, la Registraduría invitó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría a vigilar el proceso electoral. La entidad informó que en las reuniones técnicas que se realizaron participaron el Gobierno nacional, representado por el Ministerio del Interior, los órganos de control y las misiones de observación electoral, dejando actas y videos de respaldo como evidencia del cumplimiento de los protocolos establecidos.
