La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Fundación para el Estado de Derecho han presentado una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) para alertar sobre un riesgo inminente a la neutralidad institucional y la equidad de la contienda presidencial de 2026. En un documento enviado antes de la segunda vuelta electoral, programada para el 21 de junio, ambas organizaciones señalan que declaraciones y acciones reiteradas del presidente Gustavo Petro comprometen la confianza pública en el proceso electoral, citando como referentes el artículo 127 de la Constitución y la Ley 996 de 2005, en su artículo 38, numeral 2.
La carta, dirigida al organismo internacional, subraya que las preocupaciones se sustentan en la documentación de múltiples intervenciones públicas del mandatario con contenido electoral, así como en el uso de canales institucionales como las cuentas oficiales @infopresidencia y @DapreCol, el canal de YouTube de la Presidencia y medios como Inravisión para difundir mensajes que promueven logros gubernamentales. La denuncia hace eco de la declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, emitida el 2 de junio de 2026, que ya había documentado situaciones de promoción gubernamental durante la campaña, así como de una sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026 que aborda la propaganda electoral. Las organizaciones denunciantes advierten que estos llamados de atención han sido ignorados en las horas siguientes, agravando el riesgo de desacato a órdenes judiciales.
Solicitudes concretas a la OEA
La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho solicitaron a la MOE/OEA un pronunciamiento público urgente antes del 21 de junio, que califique la conducta presidencial como un factor de riesgo autónomo para la integridad de la segunda vuelta. Además, piden reforzar la presencia de observación internacional durante la campaña, la votación, el escrutinio y la proclamación de resultados. En sus peticiones, también exigen que se documente en el informe final el uso de canales estatales para la difusión de contenidos electorales, y que se solicite a Colombia información sobre las acciones de la Procuraduría General para vigilar el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo. Asimismo, propusieron asignar un punto focal dentro de la misión para recibir denuncias sobre participación política indebida de servidores públicos y presión institucional sobre autoridades electorales.
«Plantean serias preocupaciones respecto de los principios de neutralidad institucional, equidad en la contienda electoral y confianza pública en el proceso electoral presidencial colombiano de 2026», señala la carta de Andi y la Fundación para el Estado de Derecho.
«Esas recomendaciones vienen siendo ignoradas en las horas siguientes», agrega el documento, refiriéndose a los llamados de atención previos de la Misión de la OEA y del Consejo de Estado.
El contexto de la denuncia se enmarca en una recta final de la campaña presidencial donde la equidad electoral se ha convertido en un tema central. La Misión de la Unión Europea ya había señalado en su declaración preliminar del 2 de junio la existencia de múltiples situaciones de promoción de logros gubernamentales por parte de entidades oficiales, lo que sumado a la sentencia del Consejo de Estado del 28 de mayo, genera un escenario de incertidumbre sobre la neutralidad que deben guardar las instituciones durante el proceso electoral. Con la segunda vuelta a la vista, las organizaciones consideran que la actuación del presidente Petro compromete la transparencia y la integridad de los comicios, y urgen a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para garantizar que la contienda se desarrolle en condiciones de igualdad para todos los candidatos.
