La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio inicio formal al análisis del caso conocido como la ‘Masacre de Cimitarra’, ocurrida el 26 de febrero de 1990 en el municipio de Cimitarra, Santander, donde fueron asesinados tres líderes campesinos y la periodista Silvia Margarita Duzán Sáenz. El proceso judicial internacional podría derivar en una condena al Estado colombiano por su responsabilidad en estos hechos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurrieron con la aquiescencia de agentes estatales y en un clima de absoluta impunidad.
Las víctimas fatales fueron Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga, todos miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), organización que promovía la resistencia civil no violenta en medio del conflicto armado, y la periodista Silvia Duzán, quien documentaba la vida de los líderes sociales y la violencia en la región. Ese día, hombres armados irrumpieron en una reunión y dispararon contra ellas, desencadenando además persecuciones y desplazamientos forzados de sus familiares. La investigación judicial incluyó a 37 personas, pero ninguna fue condenada. La CIDH calificó como una grave vulneración al derecho al juez natural el traslado parcial del caso a la justicia penal militar, lo que agravó la impunidad.
Un contexto de violencia y tolerancia estatal
Los asesinatos se produjeron en un entorno de fuerte presencia de grupos paramilitares, guerrillas y agentes del Estado. Las víctimas habían denunciado amenazas y hostigamientos previos, sin recibir protección efectiva. La CIDH estableció en su informe base del proceso que existen “elementos suficientes para determinar que las amenazas y hostigamientos contra los integrantes de la ATCC ocurrieron con la aquiescencia de agentes estatales”. La Fiscalía General de la Nación declaró el crimen como de lesa humanidad en 2020, pero hasta ahora no se han producido sentencias condenatorias. Entre los investigados figuró el paramilitar Hermógenes Mosquera, alias Mojao, y varias personas vinculadas a grupos armados y agentes estatales fueron absueltas.
“Elementos suficientes para determinar que las amenazas y hostigamientos contra los integrantes de la ATCC ocurrieron con la aquiescencia de agentes estatales”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informe base del proceso
Un proceso que busca justicia y reparación
La decisión de la Corte IDH de admitir el caso representa una nueva oportunidad para las familias de las víctimas, que durante más de tres décadas han sufrido la persecución y el desplazamiento forzado. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha señalado que la investigación en Colombia no avanzó hacia sentencias, lo que confirma la falta de garantías para periodistas y líderes sociales. El fallo de la Corte podría exigir al Estado colombiano reparaciones materiales e inmateriales, así como la implementación de medidas de no repetición que garanticen la protección de defensores de derechos humanos y comunicadores. El análisis del caso se produce en un momento en que la impunidad en crímenes contra líderes sociales sigue siendo una deuda pendiente en el país.
