La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra J.O., instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la Regional Distrito Capital, por presunto acoso sexual que habría cometido contra tres instructoras y tres aprendices del centro de formación en actividad física y cultural, ubicado en Bogotá. Según el ente de control, las conductas atribuidas al funcionario incluyen propuestas inadecuadas de contenido sexual, tocarse partes del cuerpo en presencia de las víctimas y presuntos tocamientos que habrían ocurrido en la biblioteca y el gimnasio del establecimiento educativo. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.
Las denuncias fueron presentadas por las seis afectadas, lo que activó una investigación disciplinaria que ahora avanza con la formulación formal de cargos. La Procuraduría también indaga posibles hechos de acoso verbal por parte del mismo instructor, quien enfrenta consecuencias tanto administrativas como penales. En el ámbito disciplinario, la sanción máxima podría ser la destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período de diez a veinte años, conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002. Paralelamente, en la vía penal, el artículo 210 A del Código Penal Colombiano contempla una pena de prisión de uno a tres años si se comprueba su responsabilidad.
Oleada de investigaciones por acoso en instituciones educativas
Este caso se suma a una serie de investigaciones disciplinarias por acoso sexual que la Procuraduría adelanta en distintas regiones del país. En Villavicencio, el organismo también formuló pliego de cargos contra el docente Rodolfo Romero Alarcón, señalado de presuntos tocamientos a tres estudiantes en el laboratorio de biología. Asimismo, en Caldas se abrió investigación contra Wilton Holguín Rotavista por presunto acoso sexual a menores. Estas actuaciones reflejan la atención que el ente de control viene prestando a las denuncias de violencia de género en los entornos educativos, donde las víctimas suelen enfrentar barreras para denunciar y donde las instituciones están llamadas a garantizar espacios seguros. Las afectadas, además de las consecuencias penales y disciplinarias para el instructor, podrían buscar reparaciones civiles por los daños ocasionados.
