En una sesión reciente del Congreso de Estados Unidos, la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar lanzó una advertencia directa contra posibles fraudes en la segunda vuelta presidencial colombiana, programada para el 21 de junio. Durante una audiencia, Salazar preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, si el gobierno estadounidense estaba preparado para aplicar sanciones económicas y migratorias contra quienes participen en un eventual fraude electoral en Colombia. La propuesta incluye la cancelación de visas para los implicados y sus familiares, así como su inclusión en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que podría derivar en la confiscación de sus bienes en territorio estadounidense.
La congresista fue enfática al señalar que “necesitamos enviar un mensaje a los colombianos de que necesitan elecciones libres y justas”. En su intervención, Salazar detalló el mecanismo punitivo: “¿Estamos preparados para decir que quienes participen en ese tipo de proceso de fraude, podemos sancionarlos con sanciones de la OFAC, podemos cancelar sus visas a ellos y sus familiares?”. La propuesta surge en medio de una alta polarización política en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara fraude en la primera vuelta del 31 de mayo, en la que resultó vencedor el candidato opositor Abelardo de la Espriella, apoyado por el expresidente Donald Trump.
Respuesta de Rubio y reacciones desde Colombia
El secretario de Estado, Marco Rubio, respondió que el gobierno estadounidense “será muy firme para garantizar elecciones libres y justas en Colombia”, aunque no detalló acciones concretas. La advertencia de Salazar fue respaldada por una declaración en la que sostuvo que “ahí está la lista de la OFAC, ahí está la lista de los visados y ellos y sus familias”, en alusión a que los responsables de un posible fraude perderían sus bienes y su posibilidad de ingresar a Estados Unidos. “Es un mensaje muy claro. Que dejen que la democracia colombiana se manifieste”, agregó la congresista.
“Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el 100% del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo. Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano”.
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano
Las declaraciones de Salazar y Rubio se dan justo cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil colombiana confirmó que el escrutinio de la primera vuelta finalizó sin irregularidades significativas. El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que “el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos”, calificando el proceso como “un ejercicio de absoluta transparencia”. Según la entidad, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas, y cerca de 3.000 comisiones escrutadoras trabajaron a nivel nacional para completar el 100 % del conteo, certificado por jueces de la República.
En ese contexto, Abelardo de la Espriella exigió al presidente Petro y al candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados oficiales. “Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el 100% del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo”, afirmó el candidato, quien ya se prepara para la segunda vuelta. La planeación para esa jornada electoral ya avanza: la votación en el exterior comenzará el lunes 15 de junio, mientras que en Colombia se realizará el domingo 21. La Registraduría invitó a partidos políticos, entes de control y misiones de observación a una jornada informativa para consultar datos de mesas y puestos de votación.
La propuesta de la congresista Salazar, respaldada por el secretario Rubio, representa una presión externa significativa sobre el proceso electoral colombiano. Si bien la Registraduría insiste en la transparencia de los comicios, la advertencia de sanciones económicas y migratorias podría actuar como un disuasivo ante eventuales intentos de manipulación. Con la segunda vuelta a la vuelta de la esquina, el mensaje desde Washington es claro: Estados Unidos vigilará de cerca que la voluntad del pueblo colombiano se exprese sin interferencias.
