En una escalada sin precedentes en el litigio, la multinacional española Telefónica demandó al Estado colombiano ante la Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para ejecutar forzosamente el laudo arbitral del Ciadi que obliga al país a pagar una indemnización calculada entre 450 y 500 millones de dólares, equivalentes a más de 1.6 billones de pesos colombianos. La demanda, presentada el pasado 2 de junio de 2026 y defendida por el bufete White & Case, solicita al tribunal estadounidense declarar ejecutable el fallo y autorizar el embargo de activos estatales colombianos en territorio norteamericano si persiste el impago. La acción legal de Telefónica se activó luego de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informara que Colombia no pudo presentar la garantía bancaria internacional requerida para suspender el pago, una situación que la administración del presidente Gustavo Petro atribuye a severas restricciones fiscales y a la ausencia de recursos en el presupuesto nacional para la vigencia 2026.
El conflicto, que se remonta a la interpretación de las cláusulas de reversión de activos en los contratos de concesión de telefonía móvil firmados en 1994, ha tenido un largo recorrido judicial. En 2017, un tribunal arbitral local había ordenado a Telefónica y a Claro pagar sumas millonarias por la devolución de infraestructura, y la empresa española desembolsó entonces 380 millones de dólares. Inconforme con ese fallo, Telefónica inició un arbitraje internacional argumentando trato discriminatorio y vulneración de los tratados de inversión suscritos entre España y Colombia, obteniendo un laudo favorable del Ciadi en 2024.
Doble frente legal y contexto de salida del mercado
Mientras la Corte de Distrito de Columbia evalúa la solicitud de Telefónica, la defensa colombiana busca una salida paralela en París, donde un comité ad hoc del Ciadi escuchó las audiencias de anulación del laudo los días 3 y 4 de junio de 2026. La administración Petro, que ha manifestado un rechazo frontal al arbitraje internacional, ha propuesto incluso retirarse del Ciadi y renegociar los tratados de inversión. Este caso se produce además en medio de la reestructuración de Telefónica en la región: la compañía completó en febrero de 2026 la venta de su participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) al operador Millicom, propietario de Tigo, por 214 millones de dólares, una operación cuyo cierre total está previsto para el primer semestre del año. Analistas del sector interpretan la imposibilidad de Colombia de cubrir la garantía como un indicio de presión fiscal y un posible deterioro de la calificación de riesgo país, mientras el entorno legal para los negocios en la región observa con atención el desenlace de esta disputa, que involucra a un mercado de telecomunicaciones valorado en aproximadamente 6,970 millones de dólares.
