El Gobierno nacional expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, una norma que redefine la forma en que se asignan los recursos y el personal para la protección de expresidentes y exvicepresidentes en Colombia. La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro, los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Hacienda, Germán Ávila Plazas; de Defensa Nacional, y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, modifica el artículo 5 del Decreto 1069 de 2018, actualizando la distribución de responsabilidades logísticas entre las entidades estatales encargadas de la seguridad de los exmandatarios.
Responsabilidades claras para la protección de exmandatarios
Según el texto del nuevo decreto, la asignación de vehículos automotores para los esquemas de protección y seguridad será responsabilidad directa del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia. En cuanto al personal de protección, la norma establece que será asignado exclusivamente por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, mientras que los elementos necesarios para el servicio —como medios de comunicaciones, armamento y otros considerados indispensables— deberán ser suministrados por la entidad a la que se encuentre vinculado dicho personal.
«Los vehículos automotores para el esquema de protección y seguridad serán asignados por parte del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia»
Decreto 0563, artículo primero
La expedición de este decreto no supone la eliminación de los esquemas de seguridad para expresidentes y exvicepresidentes, sino que busca precisar y actualizar las competencias de cada entidad ante posibles vacíos o duplicidades que pudieran presentarse. La norma modifica puntualmente el artículo 5 del Decreto 1069 del 25 de junio de 2018, que hasta ahora regulaba estos mismos aspectos, y entra en vigor desde su publicación el 3 de junio de 2026. Con esta actualización, el Ejecutivo busca garantizar una respuesta coordinada y eficiente en la protección de quienes han ocupado los más altos cargos del país, delegando responsabilidades específicas en materia de vehículos, personal y equipamiento de seguridad.
El decreto lleva las firmas del presidente de la República y de los ministros del Interior, Hacienda y Defensa Nacional, así como del director del DAFP, lo que refleja un trabajo interinstitucional para ajustar una normativa que llevaba ocho años sin modificaciones sustanciales. En la práctica, las cinco entidades señaladas como responsables de asignar vehículos deberán coordinar sus capacidades logísticas, mientras que Policía y UNP asumen el liderazgo en el recurso humano. Cada una de esas instituciones, además, será responsable de dotar a su personal con los equipos de comunicaciones y armamento necesarios para cumplir con la misión de protección.
