La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió un concepto que aclara el alcance de la Ley de Garantías Electorales sobre los contratos financiados con recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, conocido como Fondo Francisco José de Caldas. La determinación, publicada el 14 de abril de 2025, establece que estos contratos deben cumplir con las restricciones de contratación directa impuestas por la Ley 996 de 2005, sin importar que los recursos sean administrados a través de un patrimonio autónomo fiduciario.
La consulta fue elevada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y el alto tribunal concluyó que, aunque los fondos se manejen mediante una fiducia, el control estatal se mantiene intacto, pues el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conserva facultades de aprobación de proyectos y la definición de directrices sobre la fiducia. Esto implica que la naturaleza jurídica de la contratación sigue siendo estatal y, por tanto, queda sujeta a las prohibiciones de contratación directa durante periodos electorales, con el fin de evitar ventajas indebidas y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Alcance de la prohibición y excepciones
El concepto del Consejo de Estado aclara que la restricción no es absoluta. La Sala señaló que las convocatorias abiertas, regladas y con participación plural de oferentes no están prohibidas, independientemente del nombre jurídico que reciba el procedimiento. Es decir, mientras el proceso garantice la concurrencia y la igualdad de oportunidades, no se considera contratación directa y, por tanto, puede adelantarse sin vulnerar la Ley de Garantías. Esta precisión resulta fundamental para las entidades públicas que gestionan recursos destinados a investigación, innovación y desarrollo tecnológico, pues les permite mantener la dinámica de convocatorias sin afectar los plazos ni los cronogramas establecidos.
La decisión del alto tribunal se enmarca en la preparación para las elecciones presidenciales de 2026 y sirve como guía jurídica para todas las entidades que administran fondos de ciencia y tecnología. Con este concepto, queda claro que los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación no escapan a las reglas generales de contratación pública en época electoral, lo que obliga a las instituciones a ajustar sus procesos contractuales para evitar posibles riesgos legales y sanciones.
