La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que el certificado electoral que no cuente con la firma del jurado presidente de mesa no es válido para acceder a los beneficios legales y administrativos que otorga el sufragio, aunque el voto depositado por el ciudadano sigue siendo completamente válido. La entidad emitió un comunicado oficial luego de las elecciones del 31 de mayo de 2026 y la jornada legislativa del 8 de marzo, ante las múltiples denuncias y la confusión ciudadana generada por la omisión de firmas tanto en los certificados como en los tarjetones. La aclaración busca diferenciar dos escenarios: la validez del voto, que no se ve afectada por la ausencia de la firma, y la validez del certificado como instrumento público para reclamar beneficios.
El certificado electoral es un documento público que acredita el cumplimiento del deber cívico de votar y contiene información como el número de cédula, el puesto de votación, la mesa, la ciudad y un código único de verificación. La Registraduría explicó que la firma del jurado presidente es un requisito indispensable para que este documento tenga plena validez legal y pueda ser presentado ante entidades públicas o privadas para obtener descuentos, exenciones u otros derechos contemplados en la ley. En contraste, la firma en el tarjetón cumple únicamente una función de control administrativo y no incide en el conteo ni en la validez del sufragio emitido.
Qué hacer si el certificado no tiene firma
La entidad precisó que los ciudadanos que hayan recibido un certificado sin la firma del jurado presidente pueden acudir a la oficina de la delegación departamental o municipal correspondiente para presentar su queja y solicitar la corrección o validación del documento. Hasta que no se subsane esta omisión, el certificado no podrá ser utilizado para acceder a los beneficios legales y administrativos. La Registraduría hizo un llamado a los jurados de votación para que extremen el cuidado al momento de firmar los certificados, recordando que se trata de un paso esencial para garantizar los derechos de los votantes. Las delegaciones en todo el país están habilitadas para recibir los reclamos y resolver las inconsistencias documentales derivadas de las pasadas jornadas electorales.
