El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, activó un plan de reorganización institucional para redistribuir los programas y funciones del Ministerio de la Igualdad en otras entidades estatales, después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que lo creó por vicios de procedimiento y ante la falta de avances legislativos para corregir el trámite. La directiva presidencial, emitida en las últimas horas, instruye a varios ministerios y departamentos administrativos a asumir las competencias de la cartera y garantizar la continuidad de los programas sociales, mientras la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado brinda asesoría legal para mitigar riesgos litigiosos. El plazo máximo para presentar los actos administrativos correspondientes vence el 17 de junio, tres días antes de que finalice el periodo ordinario del Congreso, el 20 de junio.
La sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional declaró “inexequible la ley creadora del Ministerio de la Igualdad por vicios de procedimiento”, lo que obligó al Ejecutivo a impulsar una iniciativa legislativa para subsanar los errores, pero la propuesta no prosperó por falta de “el impulso y voluntad legislativa necesaria para culminar oportunamente su trámite”, según fuentes oficiales citadas por la revista Cambio. Ante este escenario, el Gobierno considera inevitable la supresión de la cartera y ha optado por una reorganización que evite la interrupción de las políticas públicas dirigidas a mujeres, juventudes, personas LGTBIQ+, campesinos y pueblos étnicos, así como para proteger los derechos laborales de los funcionarios afectados.
Redistribución de funciones y mitigación de riesgos
La directiva presidencial ordena al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) pronunciarse sobre empleo público, organización administrativa y simplificación de trámites, mientras que el Ministerio de Hacienda evaluará la viabilidad fiscal y presupuestal de las medidas para que la redistribución no afecte los recursos destinados a derechos y beneficios sociales. El Departamento Nacional de Planeación supervisará la coherencia de los cambios con las metas del Estado, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asesorará “para la identificación y mitigación de riesgos litigiosos asociados al proceso de reorganización institucional, así como para la prevención del daño antijurídico”, según detalló la misma fuente.
“inexequible la ley creadora del Ministerio de la Igualdad por vicios de procedimiento”
Corte Constitucional, sentencia C-161 de 2024
El proceso involucra al Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Departamento de Prosperidad Social y otros organismos, que deberán garantizar la continuidad de programas en áreas como economía, género, diversidad y ruralidad. El Gobierno busca así evitar la interrupción de la protección a poblaciones vulnerables y mitigar los riesgos laborales para los funcionarios, en medio de un cronograma ajustado que exige tener listos los actos administrativos antes del 17 de junio, con la mira puesta en el cierre del periodo legislativo. La estrategia refleja la urgencia de reubicar competencias y asegurar que los beneficios sociales no se vean afectados por la desaparición del ministerio.
