La senadora Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático, solicitó una auditoría inmediata a los resultados electorales de 218 mesas de votación en las que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo el 100% de los votos durante la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo de 2026. La petición, presentada antes de la segunda vuelta programada para el 21 de junio, apunta a mesas ubicadas en zonas con conflicto armado como el Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y el Catatumbo, en Norte de Santander. Valencia sostiene que la unanimidad en esos puntos electorales es una señal clara de fraude y evidencia la presión armada que grupos ilegales ejercen sobre los votantes en esas regiones.
En total, son más de 15.500 votos unánimes para Iván Cepeda en esas 218 mesas, y 168 de ellas están ubicadas en municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), donde grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN tienen control territorial. Según el preconteo oficial, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74%, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 sufragios, un 40,90%, lo que definió el pase a segunda vuelta entre ambos. Valencia argumenta que la verificación de las actas y registros electorales debe realizarse por parte de las autoridades electorales, organismos de control y entidades de observación antes del 21 de junio para garantizar la transparencia del proceso.
Denuncias de presión armada
“Es inaceptable que el Gobierno siga hablando de fraude en la Registraduría cuando el fraude lo estamos viendo en las mesas donde la gente tuvo que votar por Iván Cepeda y el candidato obtuvo el 100% de los votos”, afirmó Valencia en declaraciones a medios. La congresista agregó que “168 de esas mesas están en municipios Pdet, donde grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN ejercen control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión”. En su intervención, también señaló que “lo grave es la presión armada sobre los colombianos. Lo grave es que ahora están movilizando su gente para generarle miedo a los colombianos”, e insistió en que “estas son las señales de fraude, sin dejar de lado la participación abiertamente ilegal e inconstitucional del presidente y la mayoría de sus funcionarios tratando de elegir a Iván Cepeda”.
Por su parte, el candidato del Pacto Histórico se pronunció a través de su cuenta en X para rechazar cualquier tipo de coacción al elector. “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones”, escribió Cepeda, quien además afirmó haber puesto a disposición de las autoridades información sobre acciones que afecten la transparencia electoral.
La controversia se da en un clima de denuncias cruzadas sobre presuntas presiones armadas de grupos ilegales para incidir en el voto ciudadano en varias regiones del país. Iván Cepeda reveló que organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo reportaron presión armada sobre votantes, aunque no especificó a qué candidaturas favorecía o perjudicaba esa coacción. Mientras tanto, la solicitud de auditoría de Valencia busca que, antes de la segunda vuelta, se revisen a fondo las actas de esas 218 mesas para determinar si hubo irregularidades que deban ser corregidas o sancionadas.
