La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Andrés Romero Calderón, señalado de proferir amenazas de muerte contra funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, en Cundinamarca. Los hechos, que incluyen el envío de una corona fúnebre a un exregistrador de la entidad, se remontan a agosto de 2022, cuando el implicado habría ingresado a las instalaciones portando un arma de fuego para intimidar a los servidores públicos. La captura del presunto agresor se materializó en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, por parte de la Policía Nacional.
De acuerdo con la investigación, las amenazas se intensificaron en octubre de 2025, cuando Romero Calderón envió una corona fúnebre al exregistrador de la oficina, como respuesta al bloqueo de documentos legales sobre terrenos ubicados en la zona férrea y la Autopista Sur de Soacha. Estas decisiones administrativas, que afectaban intereses económicos del implicado, habrían motivado los actos de intimidación. La Fiscalía imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, un tipo penal que en Colombia requiere seriedad, verosimilitud y capacidad de cumplimiento para ser judicializable.
Medida de aseguramiento y penas aplicables
Un juez de control de garantías avaló la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por el fiscal del caso, mientras la investigación continúa en curso. Las penas aplicables por violencia contra servidor público oscilan entre 4 y 8 años de prisión, mientras que las amenazas contra funcionarios pueden acarrear condenas de 72 a 128 meses de prisión. Este caso ejemplifica cómo las disputas por intereses económicos pueden derivar en intimidación institucional, afectando la labor de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
