La guerra por el control de las rutas del narcotráfico y los hidrocarburos en la región del Catatumbo ha desatado una nueva crisis humanitaria en el municipio de El Tarra, Norte de Santander. Enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias del Frente 33 de las Farc provocaron el desplazamiento masivo de más de 1.300 personas, mientras que un ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó un adulto mayor muerto y una persona herida en la vereda Puerto Catatumbo. El ataque con el artefacto explosivo no tripulado ocurrió el pasado martes 2 de junio de 2026, y las autoridades investigan las circunstancias exactas del hecho, que se suma a una escalada de violencia que mantiene a la población civil en medio del fuego cruzado.
Los desplazamientos se intensificaron durante la semana pasada tras dos incursiones armadas en la vereda Km 84 y el corregimiento Filo Gringo, lo que obligó a cientos de familias a abandonar sus hogares como medida de autoprotección. Según el reporte inicial de la Defensoría del Pueblo, solo en una jornada se registraron 784 personas desplazadas, equivalentes a 293 núcleos familiares. Las veredas afectadas incluyen Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, zonas donde la presencia institucional es casi nula y el terreno montañoso facilita el movimiento de las redes ilegales.
Disputa por el control económico de la región
El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, explicó que la raíz del conflicto armado en el Catatumbo está directamente ligada a los intereses económicos de los grupos ilegales. «El tema de los cultivos ilícitos, del narcotráfico y los hidrocarburos», señaló Quintero al referirse a los motivos de la disputa. El funcionario agregó que estos territorios son considerados «puntos importantes donde quieren tener control para poder tener poderío económico en esta zona». La región del Catatumbo, por su geografía accidentada, se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas y el contrabando de hidrocarburos, lo que la convierte en un escenario de constante confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc.
«Estos actos constituyen una grave afectación a los derechos fundamentales de la población civil»
Personería Municipal de El Tarra, comunicado oficial
La Personería Municipal de El Tarra emitió un comunicado en el que condenó los hechos y pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta ante la crítica situación humanitaria y solicitó fortalecer las medidas de prevención y protección en la zona. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advirtieron sobre la vulnerabilidad de las familias desplazadas, que han quedado expuestas sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica. «La preocupación crece cada día», manifestaron líderes comunitarios de la región, quienes han solicitado atención humanitaria integral e inmediata por parte de las autoridades locales y nacionales.
En lo que va corrido de 2026, el Catatumbo ha registrado 13 eventos de desplazamiento masivo similares, con un total de 2.447 personas afectadas, principalmente en los municipios de El Tarra y Tibú. La crisis humanitaria se agrava por las dificultades de acceso y comunicación en la zona, lo que retrasa la asistencia y la investigación de los hechos. Las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo han reiterado el llamado al Gobierno Nacional para que implemente una respuesta integral que garantice la seguridad y el bienestar de la población civil atrapada en medio del conflicto armado.
