Un nuevo escenario se cierne sobre el mercado laboral colombiano a partir del 1 de julio de 2026, cuando el recargo por trabajo en domingos y festivos ascenderá al 90% del valor de la hora ordinaria, con un incremento progresivo que culminará en el 100% durante 2027. Así lo establece la Reforma Laboral sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2025, una modificación normativa que obliga a las empresas a actualizar sus sistemas de nómina, contratos y manuales de funciones para evitar sanciones del Ministerio de Trabajo y costosas multas moratorias. La medida, que beneficia a más de diez millones de trabajadores formales, representa un cambio estructural en la forma de remunerar los días de descanso obligatorio.
La reforma no solo incrementa el recargo dominical, sino que también reduce la jornada máxima legal a 42 horas semanales y adelanta el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p. m., con un recargo del 35% sobre la hora ordinaria. En escenarios compuestos, como trabajar horas extra en domingos o festivos, los recargos podrían alcanzar hasta el 105% o más. Para las empresas, la presión es inmediata: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) fiscalizará rigurosamente la correcta declaración del ingreso base de cotización a través de la nómina electrónica, y cualquier inconsistencia generará requerimientos por inexactitud acompañados de intereses moratorios elevados. Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SA, advierte que «la Ugpp va a estar cruzando datos de manera muy estricta y cualquier inconsistencia o retraso en el ajuste se va a traducir en el requerimiento por inexactitud, acompañado de intereses moratorios que son altos».
Un alivio gradual ante un impacto desigual
El diseño progresivo del incremento ha sido recibido como un respiro para las organizaciones, que de otra forma habrían enfrentado un golpe financiero devastador, según la propia Rodríguez. «Lo primero que debemos destacar es el beneficio de la gradualidad establecido en la norma. Si este incremento, para mí, se hubiera implementado de manera inmediata, el golpe financiero para las organizaciones habría sido devastador», explicó la CEO de Lexacty SA. No obstante, el impacto no es uniforme entre sectores. Mientras que el ámbito administrativo podría experimentar un efecto casi nulo, los negocios que operan de manera continua, como la hotelería, la gastronomía, el turismo y la seguridad privada, enfrentan una presión directa sobre sus utilidades. Rodríguez precisó que «esto no golpea a todas las empresas por igual. Mientras que para el sector administrativo el efecto podría decirse que es nulo, para los negocios que operan de manera continua, como un ejemplo, la hotelería, la gastronomía, el turismo o la seguridad privada, este 10% adicional representa una presión directa sobre sus utilidades».
Para adaptarse al nuevo marco normativo, las empresas mejor preparadas—aquellas con contratos actualizados, manuales de funciones claros y procesos disciplinarios sólidos—tendrán mayores opciones de transitar el cambio sin traumatismos. La experta subrayó que la jornada laboral ya no puede evaluarse por simple presencia. «Ya no es viable evaluar la jornada por simple presencia. Ya las empresas nos debemos o estamos obligadas a transformar procesos, implementar indicadores y asegurar que el equipo sea verdaderamente proactivo», afirmó Rodríguez. El retraso en los ajustes, sin embargo, no es una opción: la sanción moratoria asciende a un día de salario por cada día de demora en la corrección, lo que podría acumular deudas significativas para las compañías que no actúen con celeridad.
