Urrá S.A. E.S.P., la empresa estatal de energía en la región Caribe, negó de manera categórica cualquier intervención de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel López, o de miembros del Gobierno nacional en sus recientes decisiones administrativas, que incluyeron la desvinculación de contratistas y de su exsecretario general. La compañía emitió un comunicado oficial en el que rechaza las acusaciones de presión externa, en medio de una controversia que salpica a altos funcionarios del Estado y que tiene como telón de fondo la disputa por el control de cargos estratégicos en la región. El presidente de Urrá, Enrique Kerguelen Méndez, encabeza la defensa de la autonomía de la empresa frente a lo que califican como afirmaciones sin sustento.
Las denuncias provienen de exempleados y contratistas, entre ellos el exsecretario general Alejandro Padrón Pardo y los exempleados Eric Guerra Pereira, Andrés Felipe Angarita y Yury Márquez Osorio, quienes aseguran que sus contratos fueron terminados por motivos políticos. Según su versión, la decisión obedeció a su cercanía con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a una supuesta “persecución laboral y política” que atribuyen directamente a la viceministra Verbel. Estas desvinculaciones, ocurridas en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial en Colombia, habrían sido ordenadas bajo presión externa, según los denunciantes, que han presentado quejas disciplinarias y han llevado el caso a los medios de comunicación.
La respuesta de la empresa y la viceministra
Frente a estas acusaciones, Urrá fue contundente al afirmar que no existe ni ha existido instrucción, presión, recomendación o intervención de ninguna índole por parte de la viceministra Verbel o de terceros en asuntos laborales, contractuales o administrativos de la empresa. En su comunicado, la compañía justificó la terminación de los contratos basándose en criterios objetivos y en informes de supervisión que evidenciaron inconsistencias contractuales. Por su parte, Angélica Verbel López respondió desde el Ministerio de Defensa con igual firmeza: “Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá, tal como lo mencionan, y no trabajo y nunca he trabajado en dicha empresa”. La viceministra también instó a que quienes formulan las acusaciones presenten las pruebas ante las autoridades competentes si realmente consideran tener evidencias que respalden sus afirmaciones.
La controversia política detrás de las acusaciones
El caso ha desatado un debate sobre el control de la hidroeléctrica, considerada un enclave estratégico en la región Caribe, cuyo manejo ha estado históricamente vinculado a diferentes grupos políticos. En este contexto, Alejandro Padrón Pardo, el exsecretario general desvinculado, sostuvo que la orden de apartarlo del cargo fue por una relación de amistad y calificó la situación como persecución política y constreñimiento. Aunque la viceministra afirmó no conocer a Padrón, la controversia se da en una coyuntura marcada por la proximidad de la segunda vuelta presidencial y la disputa por los cargos en la región. Urrá llamó a que la información se fundamente en hechos verificables y contrastados, mientras el caso sigue generando reacciones tanto en el ámbito político como en el energético del Caribe colombiano.
