La Defensoría del Pueblo rechazó de manera contundente el asesinato del periodista Cristian Herrera y exigió a las autoridades investigar con celeridad para llevar a los responsables ante la justicia. El crimen ocurrió en la tarde del sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander, y fue calificado por las autoridades locales como un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Como parte de las acciones para dar con los responsables, las autoridades de Cúcuta ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la captura de los autores del homicidio.
Cristian Herrera era corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Norte de Santander e integrante de su junta directiva, lo que hacía de su trabajo un pilar en la defensa del periodismo en una de las regiones más complejas del país. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con la familia, amigos y colegas del comunicador, y respaldó explícitamente a la FLIP en su labor de denuncia y protección de los periodistas. El pronunciamiento del organismo se basó, según información difundida por Blu Radio, en datos recogidos durante el seguimiento del caso.
Exigencias y llamado a la justicia
Desde la Defensoría se hizo un llamado enfático a las autoridades judiciales para que actúen con la máxima celeridad y transparencia en el esclarecimiento del asesinato. Se consideró que el crimen representa una grave amenaza contra la libertad de prensa, pues ataca directamente a quienes ejercen el periodismo en contextos de alto riesgo. La entidad advirtió que cualquier demora en la investigación podría enviar un mensaje de impunidad que aliente nuevos ataques contra comunicadores en el país.
«No permitiremos la impunidad»
Defensoría del Pueblo
El asesinato de Cristian Herrera se suma a una larga lista de agresiones contra periodistas en Colombia, donde el ejercicio del oficio sigue siendo particularmente peligroso en regiones como Norte de Santander. Organizaciones gremiales y de derechos humanos han reiterado la necesidad de fortalecer las medidas de protección y de garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La recompensa ofrecida por las autoridades de Cúcuta es un primer paso, pero la Defensoría insiste en que la prioridad debe ser una investigación exhaustiva que no deje cabos sueltos.
