La campaña presidencial de Iván Cepeda Castro, candidato de izquierda, se alista para presentar una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, aspirante de la derecha por el movimiento Defensores de la Patria, tras las acusaciones de presunta compra de votos que este último difundió sin presentar pruebas. El congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y compromisario de Cepeda, anunció que en las próximas horas interpondrán la acción legal por injuria y calumnia, al considerar que se trata de un ataque sin sustento para desviar la atención de la contienda electoral de cara a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
En declaraciones a la revista Semana y en redes sociales, De la Espriella señaló directamente a varias personas, entre ellas al exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, a quien acusó de estar implicado en la compra de votos en el departamento de Sucre. «Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer», afirmó el candidato. Asimismo, mencionó a los congresistas Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, al excongresista Julián Bedoya, al cacique mayor del resguardo zenú, Martín Moreno, y a los representantes a la Cámara María Eugenia Lopera y Carlos Felipe Quintero, entre otros. También vinculó a la denominada Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí como supuesto canal para gestionar votos a favor de Cepeda, sin aportar ninguna evidencia.
«Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer»
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial (Defensores de la Patria)
Respuesta de la campaña de Cepeda
Gabriel Becerra calificó las acusaciones como una «mentira» y un intento de ganar respaldos que De la Espriella no logró en primera vuelta. «Este es un ataque contra la campaña, tratando de ganar respaldos que no ha logrado en primera vuelta y que no creo logre en segunda vuelta», sostuvo. Y añadió: «Esta mentira que ha dicho Abelardo de la Espriella por parte de quienes han sido nombrados en esta lista ha generado una denuncia penal que se va a colocar en las próximas horas, porque esta estigmatización no está acompañada de ninguna prueba». Becerra también cuestionó la autoridad moral del candidato opositor para hacer tales señalamientos, sugiriendo que su campaña estaría impulsada por clanes políticos de la Costa Caribe, lo que De la Espriella ha negado.
«Esta mentira que ha dicho Abelardo de la Espriella por parte de quienes han sido nombrados en esta lista ha generado una denuncia penal que se va a colocar en las próximas horas, porque esta estigmatización no está acompañada de ninguna prueba»
Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico y compromisario de Iván Cepeda
En sus declaraciones, De la Espriella también acusó a la representante María Eugenia Lopera de tener «un sistema extorsivo con Corantioquia», aunque tampoco presentó pruebas de ello. La campaña de Cepeda y varios de los señalados preparan denuncias por injuria y calumnia, advirtiendo que estas afirmaciones ponen en riesgo la integridad de los implicados. «Él no acepta que uno vote por otro candidato. Yo creo que esto es un mal mensaje para la sociedad, es un mal mensaje para Colombia, porque nos está perfilando y es muy peligroso para mi integridad, para la integridad de mi familia», expresó el representante Carlos Felipe Quintero.
«Él no acepta que uno vote por otro candidato. Yo creo que esto es un mal mensaje para la sociedad, es un mal mensaje para Colombia, porque nos está perfilando y es muy peligroso para mi integridad, para la integridad de mi familia»
Carlos Felipe Quintero, representante a la Cámara
Las acusaciones se dan en el marco de una ajustada contienda electoral que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio de 2026, y ambos candidatos buscan afianzar sus bases. Mientras De la Espriella intenta capitalizar el descontento con la izquierda, la campaña de Cepeda insiste en que se trata de una estrategia desesperada para desviar la atención de una derrota electoral en regiones como la Costa Caribe. La justicia deberá determinar si las denuncias de compra de votos tienen fundamento o si, como aseguran los afectados, se trata de una campaña de desprestigio sin pruebas.
