En un operativo simultáneo en Medellín y Montería, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal que durante meses se apropió de más de 116 millones de pesos destinados a víctimas del conflicto armado y población vulnerable. Los once integrantes de esta estructura, liderada por Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, fueron capturados por su presunta participación en 240 fraudes cometidos mediante suplantación de identidad y acceso abusivo a sistemas informáticos.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, la organización operaba con una división de roles claramente definida. Mientras Gutiérrez Ricaurte definía los montos a desviar, tres gestoras identificadas como María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez manipulaban las bases de datos de los programas de subsidios y gestionaban los desembolsos. El resto de los implicados se dedicaba a la suplantación de los beneficiarios reales y al cobro de los recursos. Israel Segundo Gutiérrez Severiche, por su parte, recibía parte del dinero obtenido ilícitamente.
El método de la estructura criminal
La red accedía a los sistemas informáticos de entidades que administran ayudas para víctimas del conflicto, desplazados y beneficiarios de programas sociales. Una vez dentro, usurpaban las identidades de personas reales, utilizaban registros biométricos irregulares y credenciales adulteradas para retirar los subsidios. De esta manera lograron concretar los 240 fraudes que suman los más de 116 millones de pesos.
Durante los allanamientos realizados por las autoridades en Antioquia y Córdoba, se incautaron ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas y varias tarjetas bancarias que habrían sido utilizadas para facilitar las transacciones fraudulentas. La evidencia recopilada permitió imputar a los capturados los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de confianza.
Medidas judiciales y afectación social
Tras las audiencias preliminares, la mitad de los detenidos fue enviada a prisión mientras que el resto enfrentará el proceso en detención domiciliaria, según determinaron los jueces de control de garantías. La Fiscalía destacó que con esta desarticulación se evitó que la organización continuara afectando a la población más vulnerable, que depende de estos subsidios para su subsistencia y recuperación tras el conflicto armado.
El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de identificación biométrica cuando son intervenidos por redes delincuenciales con acceso a tecnología y bases de datos, y reabre el debate sobre la seguridad de los programas de asistencia social en regiones marcadas por la violencia y la desigualdad.
