El Congreso de Colombia aprobó este 10 de junio el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que busca proteger los procesos fiscales y los recursos públicos del país. La aprobación se dio tras un extenso trámite legislativo que incluyó 39 mesas técnicas y la participación de más de 35 gremios del comercio exterior. La ley, que contó con el respaldo unánime tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, tiene como objetivo evitar un vacío legal que ponía en riesgo miles de procesos fiscales y billonarios recursos de la Nación. Se espera que la sanción presidencial se firme antes del 20 de junio.
La iniciativa responde a las solicitudes de la Corte Constitucional para garantizar seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior y evitar un vacío legal que, según cálculos oficiales, podía poner en peligro entre 10 y 12 billones de pesos en recursos públicos. Con la aprobación, el fisco logra salvar entre 7 y 10 billones de pesos, que quedan blindados para procesos en curso, cobro de obligaciones, imposición de sanciones e incautación de mercancía. La ley, compuesta por 114 artículos, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso.
Declaraciones de las autoridades
Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian, agradeció a la plenaria del Senado, a los congresistas de todos los sectores y al Gobierno nacional por el apoyo. «Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso», declaró Betancourt. El director también alertó sobre el riesgo que se evitó: «Si el régimen sancionatorio no se aprobaba, entre 10 y 12 billones se podían poner en peligro como costo fiscal, pero además se ponía en riesgo no poder ejercer el control aduanero».
La senadora Paola Holguín, quien impulsó la iniciativa, destacó el trabajo serio que permitió cumplir con las exigencias de la Corte Constitucional. «Este fue un trabajo serio. Le cumplimos a la Corte Constitucional. Salvamos entre 7 y 10 billones del fisco y, sobre todo, entregamos una herramienta clara que da seguridad jurídica y que permite el combate al contrabando, a la corrupción y al lavado de activos en Colombia», señaló Holguín.
Críticas y alertas técnicas
A pesar del respaldo mayoritario, el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, lanzó varias alertas sobre la ley. Junco advirtió que el nuevo sistema aduanero de la Dian (NSGA) no tiene proveedor contratado y que la ley depende de esa tecnología inexistente. «El sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025. Le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1», comparó Junco. Además, señaló que el régimen incorpora «responsabilidad objetiva» en sanciones, es decir, que se puede sancionar sin necesidad de demostrar culpa, y otorga discrecionalidad a la Dian para determinar la solvencia económica del importador sin criterios legales claros. «Hay un artículo del PL 312 que sanciona al importador aunque demuestre que no tuvo culpa. Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional», afirmó Junco. El exdirector también alertó que si el decomiso se clasifica como sanción, prescribe, y un contrabandista paciente podría recuperar la mercancía por vencimiento de términos.
