La justicia colombiana condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en el entramado de corrupción del caso Centros Poblados, uno de los mayores escándalos recientes en la contratación pública del país. El empresario fue hallado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado, tras facilitar la constitución ilegal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, que se adjudicó el contrato 1043 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por más de un billón de pesos para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales.
La sentencia, emitida en primera instancia por un juez penal de conocimiento de Bogotá, también incluye una multa de 2.452 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 153 meses. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Lascarro Torres suministró los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la unión temporal y acreditar la capacidad técnica y trayectoria exigidas en el proceso de licitación. De esta manera, los involucrados hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTIC que adjudicaron el contrato de conectividad rural.
El entramado de corrupción y el rol del empresario
Las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción demostraron que Lascarro recibió cerca de 250.000 dólares transferidos a una cuenta en Estados Unidos como parte del esquema irregular, y que pretendía obtener hasta 4.000 millones de pesos. Durante el juicio, el empresario intentó probar su inocencia, pero el tribunal acogió los argumentos y las pruebas de la Fiscalía. La juez a cargo fijará próximamente la fecha para la ejecución de la pena y las demás sanciones. El caso Centros Poblados, que también involucra a otros contratistas como Emilio Tapia entre los principales investigados, salió a la luz tras revelarse irregularidades en la adjudicación del contrato de conectividad rural, considerado uno de los proyectos bandera del gobierno para cerrar la brecha digital en zonas apartadas del país.
«Sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país»
Fiscalía General de la Nación
La condena, que admite recursos legales al tratarse de una decisión de primera instancia, representa un nuevo capítulo en el proceso de búsqueda de justicia por uno de los mayores desfalcos a la contratación pública en Colombia. Mientras tanto, las investigaciones continúan contra otros implicados en este entramado que desvió recursos destinados a la educación y la conectividad de miles de niños y jóvenes en zonas rurales.
