La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha al menos siete cambios significativos en las políticas migratorias de Estados Unidos que impactan directamente a los colombianos, ya sea que viajen como turistas, residan legalmente o tengan planes de migrar. Las medidas, implementadas mediante órdenes ejecutivas, regulaciones del Departamento de Estado y decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración, así como reformas aprobadas por el Congreso en 2025, endurecen los controles, reducen las vías de inmigración y revisan procesos que antes eran más flexibles. Entre los cambios más notorios se encuentran nuevas exigencias en las entrevistas para visas de no inmigrante, la imposición de tarifas para solicitudes de asilo, la eliminación de la protección de DACA contra la deportación y la suspensión de la emisión de visas de inmigración para 75 países, incluido Colombia.
Uno de los ajustes que más afecta a los viajeros temporales es la inclusión de preguntas obligatorias durante las entrevistas para visas de no inmigrante. Estas interrogantes buscan detectar posibles solicitantes de asilo, y las autoridades advierten que una respuesta afirmativa puede ser interpretada como una intención de pedir asilo, mientras que una negativa podría complicar una futura solicitud de protección. Paralelamente, quienes ya están en territorio estadounidense y deseen solicitar asilo deberán pagar una tarifa inicial de 100 dólares, más un recargo anual de 100 dólares mientras su caso esté pendiente. Organizaciones migratorias han expresado su preocupación, ya que el no pago a tiempo puede derivar en la pérdida automática del trámite y del permiso de trabajo.
DACA, salud y desnaturalización: los nuevos frentes de la política migratoria
La protección que brindaba el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) también se ha visto erosionada. Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración establece que el estatus de DACA ya no puede ser utilizado como defensa contra un proceso de deportación, lo que deja en una situación de vulnerabilidad a los aproximadamente 3.000 a 3.500 colombianos que se benefician de este programa. Además, el gobierno ha intensificado los procesos de desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía a inmigrantes que ya la habían obtenido, un fenómeno que ha generado alarma entre las comunidades de residentes legales.
En el ámbito de la salud, las reformas aprobadas por el Congreso restringen el acceso a programas como Medicare, Medicaid y los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para inmigrantes legales. Se estima que más de 1,4 millones de personas se verán afectadas por estas medidas, cuya implementación comenzó de forma parcial en octubre de 2025 y se completará en 2027. A esto se suma una propuesta, aún no definitiva, que permitiría a los bancos verificar el estatus migratorio de sus clientes, aunque actualmente es posible abrir cuentas con un pasaporte o un ITIN sin necesidad de acreditar la situación migratoria.
Suspensión de visas de inmigración: un muro para 75 países
Una de las decisiones de mayor alcance es la suspensión de la emisión de visas de inmigración para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentra Colombia. Esta medida, que continuará mientras duren las revisiones ordenadas por la administración Trump, afecta no solo a quienes buscan emigrar por primera vez, sino también a aquellos que intentan ajustar su estatus por razones como matrimonio, asilo o reunificación familiar. Aunque los trámites pueden seguir su curso, no se expiden los documentos necesarios para concretar la residencia, lo que ha dejado a miles de familias en un limbo legal. Las organizaciones de defensa de los inmigrantes han calificado estas políticas como un endurecimiento sin precedentes que golpea tanto a viajeros temporales como a residentes legales que ya habían construido su vida en Estados Unidos.
