El presidente Gustavo Petro denunció desde Nueva York, donde participa en el Consejo de Seguridad de la ONU, un presunto intento de suspensión en su contra liderado por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a quien vinculó directamente con el abogado Hollman Ibáñez, conjuez del Consejo Nacional Electoral que excluyó al senador Iván Cepeda de la consulta presidencial del Pacto Histórico. En una serie de publicaciones en su cuenta de X, el mandatario aseguró que la congresista, de su mismo partido, habría actuado asesorada por Ibáñez para anular el voto popular de las elecciones de 2022.
La denuncia del jefe de Estado se produce después de que el periodista Daniel Coronell revelara que Hollman Ibáñez, quien también fue socio del excandidato presidencial Abelardo de la Espriella, funge como abogado de Arizabaleta. Petro afirmó que la suspensión, que inicialmente fue anunciada por la congresista y luego revertida al remitir el caso a la plenaria de la Cámara, constituye una extorsión y un intento de sancionarlo por sus posiciones políticas. «El abogado Hollman Ibáñez perteneció a la oficina de un candidato presidencial y asesora a la señora Arizabaleta en su idea de suspender el voto popular del 2022», señaló el presidente en su cuenta oficial.
La sombra de la extorsión
En sus declaraciones, Petro fue contundente al diferenciar entre las gestiones parlamentarias legítimas y lo que considera una conducta delictiva. «Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones… que las hagan evidentes», afirmó, para luego advertir que cuando una solicitud se convierte en una extorsión, la persona ya no actúa en su derecho de representación sino como criminal. «Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región… Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión», expresó el mandatario.
El presidente reveló que Arizabaleta le habría solicitado cosas que él no ha querido conceder, pese a que hace parte de su colectividad política. «Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Sé que es volver un gobierno criminal», dijo Petro, quien aseguró que no aceptará presiones que contradigan sus principios. «No, no acepto eso porque es contradecir mis propios principios», sentenció.
«Sobre el presidente, no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El mandatario anunció que formalizará estas situaciones ante la Corte Suprema de Justicia para que los ministros que han recibido a la congresista declaren bajo juramento sobre las peticiones recibidas. Petro, quien no identificó a otras personas que podrían haber actuado de manera similar, insistió en que la decisión de Arizabaleta pretendía anular el voto popular de 2022. Cabe recordar que Hollman Ibáñez fue el conjuez del CNE que decidió excluir a Iván Cepeda de la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026, un antecedente que el presidente vinculó directamente con el intento de suspensión en su contra.
