Activista desmiente suspensión de Gustavo Petro y detalla proceso legal

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La activista y creadora de contenido Gabriela Alonso Jaramillo, conocida por su perfil de Instagram ‘Política para apolíticos’ y estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos y Ciencia Política en la Universidad de los Andes, desmintió este martes 10 de junio de 2026 la versión que circuló en medios y redes sociales sobre una supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro. La confusión se originó tras la filtración de un documento firmado por la representante a la Cámara por Valle del Cauca y presidenta de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, que ordenaba la suspensión del mandatario hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial, bajo el argumento de una presunta participación indebida en política por haber favorecido a Iván Cepeda en la campaña.

En un video difundido desde su cuenta de Instagram, Alonso Jaramillo explicó que la realidad es que Gustavo Petro no ha sido suspendido ni va a ser suspendido de su cargo, y aclaró el proceso legal que debe seguirse para tomar una decisión de esa magnitud. “Para que entiendas qué pasó”, comenzó la activista, quien detalló que, si bien la Comisión de Acusación tiene la facultad de investigar al presidente cuando considera que ha incumplido las reglas, una sola congresista no puede tomar la decisión de suspenderlo de manera unilateral.

El proceso legal explicado

Gabriela Alonso Jaramillo enfatizó que “un congresista es una persona encargada de hacer las leyes, pero además de hacer leyes, ellos también pueden investigar al presidente cuando creen que se portó mal o incumplió las reglas. Incluso pueden iniciar procesos para decidir si merece un castigo o no”. No obstante, subrayó que “sí pueden investigar al presidente, pero ella sola no puede tomar la decisión de suspenderlo”. La activista recordó que suspender a un presidente es un proceso largo que requiere investigaciones, debates y muchos votos a favor, y que nunca ha ocurrido en la historia de Colombia. “Por eso Gloria (Arizabaleta) no puede tomar esa decisión sola. Ella trabaja en el primer piso donde se investiga el caso. Pero para suspender a un presidente se necesitan muchas personas, muchos votos y mucho tiempo”, afirmó.

“La realidad es que Gustavo Petro no ha sido suspendido y no va a ser suspendido de su cargo”

Gabriela Alonso Jaramillo, activista y creadora de contenido (Política para apolíticos)

La activista también planteó el escenario hipotético de qué habría ocurrido si Petro hubiera sido suspendido durante esos once días. “¿Quién habría mandado en Colombia durante estos once días?”, se preguntó, y respondió que, según la Constitución, cuando el presidente tiene una ausencia temporal, quien lo reemplaza es el vicepresidente. “Así que en este escenario, Francia Márquez habría asumido la presidencia de Colombia durante estos once días”, explicó, destacando que la filtración generó agitación política innecesaria.

Contexto y consecuencias

La presunta suspensión se originó por una investigación de la Comisión de Acusación sobre la presunta participación indebida de Petro en política durante la recta final de la campaña presidencial, específicamente favoreciendo a Iván Cepeda. El documento filtrado ordenaba la suspensión del presidente por “participación política indebida de un presidente en ejercicio”, mientras Petro se encontraba en Nueva York presidiendo el Consejo de Seguridad de la Asamblea General de la ONU. La activista, considerada una de las líderes nativas digitales más reconocidas por Cifras y Conceptos, aclaró que la suspensión de un presidente no es una decisión de un solo funcionario, sino que requiere un proceso que pasa por la Comisión de Acusación como primer filtro, luego por el pleno de la Cámara de Representantes y finalmente por el Senado para cualquier sanción o suspensión.

Con este desmentido, Alonso Jaramillo buscó poner fin a la confusión y recordar que, en el sistema colombiano, la suspensión de un mandatario es un acto excepcional que nunca se ha materializado en la historia del país, y que cualquier intento de este tipo debe seguir los pasos constitucionales establecidos, muy lejos de una decisión unilateral.

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