La Organización de las Naciones Unidas encendió las alarmas sobre la situación de la lepra en Colombia al revelar que el país registra entre 280 y 300 nuevos casos cada año, una cifra que demuestra que la enfermedad, lejos de haber sido erradicada, persiste como un problema de salud pública y una grave violación de derechos humanos. La advertencia fue emitida por Beatriz Miranda-Galarza, relatora especial de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por lepra y sus familiares, tras una visita oficial de ocho días al país en la que recorrió Sincelejo, Bogotá y Cundinamarca. Durante su estancia, Miranda-Galarza constató de primera mano los obstáculos que enfrentan los pacientes en comunidades rurales y marginadas, donde el estigma social y la falta de diagnóstico temprano agravan la situación.
La relatora denunció que, a pesar de que el tratamiento para la lepra es gratuito y proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, en Colombia persisten barreras significativas en su distribución efectiva debido a la ausencia de diagnóstico temprano y seguimiento adecuado. Agregó que existe un preocupante desconocimiento entre los profesionales de la salud, ya que la enfermedad ha dejado de ser parte central de los currículos de formación médica. Esta falta de preparación, sumada al estigma histórico que rodea a la lepra, provoca que un 39% de los casos anuales en el mundo presenten discapacidad severa por diagnósticos tardíos, una realidad que también se replica en el país.
Un problema de derechos humanos y memoria histórica
Beatriz Miranda-Galarza no solo se refirió a la dimensión médica de la enfermedad, sino que puso énfasis en su carácter de problema de derechos humanos. «La lepra es una enfermedad que está vigente, pero no solamente como enfermedad, sino que está vigente como un problema de derechos, de discriminación, de exclusión», afirmó la relatora. En su visita, recordó el oscuro pasado de Colombia con leprosarios como Agua de Dios y Contratación, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los pacientes mediante la restricción de libertades y la separación de familias. Frente a este legado, Miranda-Galarza subrayó la necesidad de reconocer la memoria histórica como parte del proceso de reconciliación.
«El reconocimiento y la memoria histórica son esenciales para la justicia y la reconciliación. Las personas afectadas por la lepra deben ser reconocidas como titulares de derechos cuya dignidad, voces y experiencias vividas deben estar en el centro de cualquier respuesta»
Beatriz Miranda-Galarza, relatora especial de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por lepra
La relatora advirtió que el Estado colombiano ha mostrado poca disposición para reconocer que la lepra sigue presente, lo que ha permitido que organizaciones sociales suplan funciones que corresponderían a las autoridades. Como parte de su informe, recomendó adoptar un enfoque integral basado en derechos humanos que incluya igualdad, accesibilidad, no discriminación, protección social, salud mental, rehabilitación y educación pública. Además, insistió en la necesidad de garantizar la participación activa de las comunidades afectadas en el diseño de políticas públicas. Mientras tanto, la cifra de nuevos casos anuales en Colombia, que oscila entre 280 y 300, evidencia que la transmisión de la enfermedad no se ha detenido, lo que exige una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado.
