En medio de las tensiones y dilaciones que hay en la Cámara de Representantes por cuenta de la Reforma a la Salud, surge una nueva polémica por el tema de la salud y su manejo por parte de las EPS.
El servicio de salud que Sanitas le presta a millones de colombianos se vio comprometido recientemente por cuenta de una enorme deuda que esta EPS tiene con la cadena de droguerías Cruz Verde. Como consecuencia, este proveedor dejó de suministrar los medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS). Aunque estos medicamentos se surten ahora a través de Audifarma, el Ministerio de Salud expresó su preocupación por la gestión de recursos de Sanitas y le solicitó a la Contraloría acciones inmediatas al respecto.
La deuda de Sanitas
Tal y como sucede con la Reforma que está en curso, el meollo del asunto es la asignación y gestión de los recursos para la salud. Según el Gobierno, el pasado 2 de octubre Sanitas presentó una solicitud para dar comienzo a un plan de reorganización institucional, que, en palabras de Guillermo Jaramillo, ministro de salud, «flexibiliza los indicadores financieros y las audiencias requeridas para la habilitación». Esta diligencia la adelantó la EPS para hacer frente a sus problemas de financiamiento, que semanas más tarde resultarían en la mencionada situación con Cruz Verde.
Dado que Sanitas es una de las EPS que más dinero recibe por concepto de UPC (Unidad de Pago por Capitación), al tiempo que es una de las que más afiliados tiene, resulta sumamente alarmante que su situación financiera se vea tan comprometida en términos de endeudamiento. Por esta razón, el Ministro de Salud le solicitó a la Contraloría que levantara el velo corporativo que recubre y protege a Sanitas; en ese sentido, también le pidió al ente de control que adelantara una auditoría a profundidad, para determinar cuál es el uso que la EPS le está dando a los recursos que le han sido asignados por la ADRES.
Esta solicitud a la Contraloría se hizo bajo la Ley 2591 de 2022, cuyo artículo 65 habla de la “desestimación de la personalidad jurídica para el control fiscal”. Este proceso podría resumirse en una investigación intensiva que analice información interna de la EPS, como contratantes, socios, beneficiarios reales y, por supuesto, la destinación del dinero que le gira la ADRES. No es necesario indicar que esta investigación, en el fondo, parte de la sospecha de una gestión irregular o, incluso, de posibles casos de corrupción.
¿O es la deuda de la ADRES?
Por su parte, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, se ha defendido y ha intentado descargar la responsabilidad de la deuda atribuyéndosela, a su vez, a la misma ADRES. Argumenta que si Sanitas le debe dinero a droguerías y a IPS a nivel nacional, esto se debe a que el Gobierno le adeuda a Sanitas cerca de $750 mil millones. Las cifras en este sentido no son claras.
La ADRES acepta que sí le adeuda recursos a Sanitas, pero que las cifras que presenta Sanitas están muy lejos de la realidad. Esta entidad del Gobierno aclara que son apenas $6 millones 600 mil pesos los que se deben; aunque acepta que las cuentas en trámite son más elevadas: cerca de $50 mil millones. Hay que tener en cuenta que, según cifras mostradas por el Ministerio de Salud, hasta el 31 de octubre pasado se le habrían girado a Sanitas cerca de $8,5 billones. Y la pregunta se mantiene: ¿a dónde se dirige esa plata?
Mal momento para las EPS.
A pesar de que la Contraloría descartó la petición del ministro de salud de levantarle el velo corporativo y someter a auditoría a Sanitas (pues este es un mecanismo que se emplea solo cuando las investigaciones preliminares hayan demostrado irregularidades fiscales), reveló que sí se están llevando a cabo investigaciones a esta EPS; pero éstas son respecto a los recursos que se dieron durante la pandemia del COVID-19.
Con todo, quedan algunas dudas en el aire, suscitadas por el proceder del Ministerio de Salud. ¿La deuda que Sanitas tiene con Cruz Verde fue un pretexto para arremeter contra Sanitas? ¿Es esto un nuevo intento por “acabar las EPS a como dé lugar”, como lo han manifestado políticos de oposición? ¿O es, más bien, una medida necesaria para garantizar el derecho a la salud?
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