En una revelación que sacude el panorama político colombiano, el presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación investigar a 17.000 funcionarios públicos y 200 miembros de la Policía Nacional por presunto constreñimiento electoral. La petición, realizada el viernes 12 de junio de 2026 a través de la cuenta oficial del mandatario en X, surge a raíz de una investigación periodística del portal Cuestión Pública que descubrió una base de datos con 1,4 millones de registros vinculada a la campaña del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, quien obtuvo el primer lugar en la primera vuelta electoral del 31 de mayo de 2026.
El documento filtrado, identificado a partir de un código QR promovido durante la campaña de De la Espriella, contenía nombres, números de identificación y correos electrónicos de ciudadanos. El análisis de Cuestión Pública reveló que entre esos registros figuran 17.000 funcionarios de alcaldías locales y 200 integrantes de la Policía Nacional, lo que sugiere un posible uso de redes de referidos para simular fortaleza política. La distribución geográfica de los datos coincidió, según la investigación, con los resultados obtenidos por De la Espriella en diferentes regiones del país, abriendo interrogantes sobre prácticas de constreñimiento para captar apoyos electorales. De la Espriella, por su parte, ha rechazado categóricamente las denuncias sobre presuntas irregularidades.
Reacción presidencial y medidas judiciales
En su mensaje público, Petro fue contundente al afirmar que existen indicios de fraude electoral. “Le solicito a la Procuraduría investigar a los 200 miembros de Policía y los 17.000 funcionarios de alcaldías locales que están constriñendo a centenares de miles de electores. La Presidencia debe pasar la lista a la Fiscalía y las veedurías internacionales”, escribió el mandatario en su cuenta de X. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Petro aclaró que las investigaciones no deben interferir con la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio de 2026, donde se enfrentarán De la Espriella y el candidato oficialista Iván Cepeda, quien ya aceptó los resultados de la primera vuelta y continúa en campaña para el balotaje.
El caso también tiene un capítulo regional en Santa Marta, donde el alcalde Carlos Pinedo Cuello fue denunciado por presunto constreñimiento electoral, respaldado por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro. Esta denuncia local se suma al escándalo nacional, reforzando la percepción de que las redes de presión política podrían haber operado a diferentes niveles durante la contienda electoral. Mientras tanto, las misiones internacionales de observación electoral, como las de la OEA y la Unión Europea, han calificado el proceso como transparente y sin evidencias de fraude, lo que contrasta con las afirmaciones del presidente Petro, quien ha insistido en que existen pruebas suficientes para abrir investigaciones.
«Le solicito a la Procuraduría investigar a los 200 miembros de Policía y los 17.000 funcionarios de alcaldías locales que están constriñendo a centenares de miles de electores. La Presidencia debe pasar la lista a la Fiscalía y las veedurías internacionales».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El presidente Petro ha reiterado que las investigaciones sobre las irregularidades serán resueltas por la justicia sin afectar la realización del balotaje, un gesto que busca mantener la estabilidad institucional en un momento crítico para la democracia colombiana. Sin embargo, la denuncia ha generado un intenso debate sobre la transparencia del proceso electoral y el papel de las autoridades en la protección de la voluntad popular. Mientras la Procuraduría evalúa la solicitud presidencial, la Fiscalía y las veedurías internacionales se preparan para recibir la lista de presuntos involucrados, en un caso que podría tener implicaciones profundas en la confianza ciudadana hacia las instituciones electorales del país.
