JEP determina 2.374 víctimas de falsos positivos; 1.956 ya identificadas

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado judicialmente que 2.374 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, dentro del Caso 03 que investiga estos crímenes en el marco del conflicto armado colombiano. De ese total, 1.956 víctimas han sido plenamente identificadas, mientras que 418 aún permanecen sin identificar, según la respuesta al derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano. La información, publicada por Blu Radio y replicada por agencias internacionales como Reuters y EFE, revela el balance más reciente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que mediante autos de determinación de hechos y conductas ha verificado y contrastado los datos sobre tiempo, modo y lugar de los crímenes para vincularlos a patrones de macrocriminalidad.

Distribución regional de las víctimas

El desglose territorial muestra que la Costa Caribe concentra el mayor número de víctimas determinadas judicialmente, con 737 casos. Le sigue Casanare con 546, Antioquia con 507 víctimas en total, de las cuales 47 corresponden al subcaso de Dabeiba, Meta con 209, Huila con 208 y Norte de Santander con 120. Estas cifras forman parte de un universo provisional de hechos actualizado por la JEP, que ahora asciende a 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016, tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información.

Contexto del Caso 03 y proceso judicial

El Caso 03 investiga las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, uno de los capítulos más graves del conflicto armado colombiano, dentro del sistema de justicia transicional. Los autos de determinación de hechos y conductas son decisiones judiciales clave que no solo reconstruyen los crímenes, sino que establecen responsabilidades, permitiendo que las víctimas sean plenamente identificadas y reconocidas en el proceso. La JEP continúa trabajando en la identificación de las 418 personas que aún no han sido reconocidas, mientras que la distribución regional evidencia que estos crímenes no se limitaron a una zona específica del país, sino que abarcaron múltiples regiones con patrones similares de violencia estatal.

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