En un hallazgo sin precedentes que expone la maquinaria criminal de las disidencias de las FARC, la incautación de 89 memorias USB y carpetas con millones de archivos de los computadores de alias ‘Calarcá’ ha revelado un entramado de reclutamiento forzado de menores, masacres sistemáticas y la expansión de estas estructuras armadas hacia 11 departamentos de Colombia. La evidencia, obtenida tras la captura de Alexánder Díaz, alias ‘Calarcá’, y Édgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, el 23 de julio de 2024, documenta crímenes de guerra cometidos mientras los cabecillas participaban en los procesos de diálogo de la política de ‘paz total’, lo que les otorgaba garantías jurídicas.
El análisis de los dispositivos electrónicos, que incluyen comunicaciones, fotografías y videos de ejecuciones, ha permitido a las autoridades trazar un mapa de la influencia de estas organizaciones en el territorio colombiano. A junio de 2026, las disidencias han logrado consolidar su presencia en 11 departamentos, equivalentes al 34% del país, y en 91 municipios, el 8% del total nacional. En términos de cobertura geográfica, controlan 1.789 veredas y 66.032 kilómetros cuadrados. La estructura criminal, bajo el mando de alias ‘Firu’ en zonas estratégicas como el norte de Antioquia, maneja corredores clave en municipios como Amalfi, Anorí, Cáceres, Campamento, Briceño e Ituango.
Los hallazgos de la evidencia digital
Los millones de archivos incautados no solo develan la expansión territorial, sino también las fuentes de financiamiento y los métodos de control de las disidencias. Documentos de inteligencia citados por medios nacionales establecen que quienes incurran en conductas como desertar o infringir normas internas son llamados a un consejo revolucionario de guerra y, posteriormente, fusilados. Este sistema de terror se complementa con el reclutamiento sistemático de niños y adolescentes, utilizados como combatientes y mensajeros, con imágenes que muestran incluso a un menor de apenas 7 años portando un arma. La masacre del 27 de mayo de 2025 en Guaviare, donde se registraron al menos 50 víctimas, incluidos menores reclutados, es otro de los crímenes documentados en los archivos.
El poder económico de estas estructuras también quedó al descubierto. Solo en abril de 2024, los ingresos de la organización superaron los 7.917 millones de pesos, provenientes de actividades ilícitas como la minería ilegal, la extorsión, los impuestos ilegales y la entrega de oro. En el Catatumbo, zona Norte de Santander, la violencia del frente 33 ha provocado el desplazamiento forzado de más de 70.000 personas. Las autoridades también han documentado supuestos vínculos con funcionarios públicos: el general Juan Miguel Huertas propuso crear una empresa de seguridad privada como fachada legal, mientras que el director de la Uiaf, Wílmer Mejía, habría coordinado su gestión para facilitar las operaciones ilícitas.
«Quienes incurran en este tipo de conductas [desertar o infringir normas internas] son llamados a un consejo revolucionario de guerra y, posteriormente, fusilados»
Documentos de inteligencia citados por El Tiempo
La Fiscalía, tras analizar la evidencia, ha solicitado imputar a alias ‘Calarcá’ por crímenes de guerra. El material incautado incluye comunicaciones internas, fotografías y videos que registran ejecuciones por «infidelidad», el control ilegal sobre poblaciones rurales y entrenamientos de menores. Recientemente, se sumaron episodios de violencia como la masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia, que evidencian la continuidad de estas prácticas criminales. El hallazgo de los dispositivos electrónicos no solo desmantela la fachada de diálogo que estos cabecillas mantenían con el gobierno, sino que expone la verdadera naturaleza de una organización que ha tejido una red de terror y control en amplias regiones del país, mientras sus líderes se sentaban a la mesa de negociaciones bajo la sombrilla de la paz total.
