La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales y de Medio Ambiente, judicializó a nueve presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Caicedo, incluido su cabecilla, por su presunta responsabilidad en delitos como urbanización ilegal, desplazamiento forzado y homicidio en la Comuna 9 de Medellín. Entre los señalados se encuentra Juan Camilo Atehortúa Espinosa, alias Rottweiler, quien sería el líder de la estructura criminal, junto a Jhon Alexander Mendoza Cano, conocido como Coño o Cachetes; Andrés Tamayo Arenas, alias Orejas; Duván Andrés Henao Borja, alias Frito; Jhon Sebastián Graciano Cardona, alias Palomo; Johan Stivens Aguirre Molina, alias Comerciante; y Juan Carlos Henao Rojas, apodado Legal.
Control territorial y rentas ilícitas en el cerro La Asomadera
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, la organización criminal Caicedo operaba en el cerro La Asomadera, un área de especial importancia ecológica ubicada en la Comuna 9 de Medellín. Allí, los presuntos delincuentes parcelaron ilegalmente el terreno, construyeron viviendas sin los permisos requeridos, se apropiaron de redes de servicios públicos y establecieron un férreo control social y territorial. Para asegurar su dominio sobre las rentas ilícitas en el sector, impusieron restricciones a la movilidad y el comercio de los residentes, y aplicaban multas o represalias contra quienes se negaran a cumplir sus reglas.
El modus operandi del grupo incluía la invasión de zonas de especial importancia ecológica y la defraudación de fluidos, entre otras conductas delictivas. Este control sobre el territorio les permitía no solo explotar de manera ilegal los recursos del cerro La Asomadera, sino también mantener una estructura paralela de poder que afectaba la vida cotidiana de los habitantes de la comuna.
Un homicidio y un desplazamiento marcan la gravedad de los hechos
La Fiscalía imputó a los nueve procesados múltiples delitos, entre los que se destacan concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión, cohecho por dar u ofrecer, urbanización ilegal, defraudación de fluidos, invasión de áreas de especial importancia ecológica, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y tráfico de estupefacientes. La investigación señala que en diciembre de 2024, la organización criminal desplazó forzosamente a una familia de la zona, un acto que evidencia el control absoluto que pretendían ejercer sobre el territorio.
Además, en febrero de 2025, se presentó un homicidio de una mujer con arma de fuego, presuntamente vinculada a la colaboración con la fuerza pública. Este crimen, según las autoridades, sería una muestra de las represalias que el grupo Caicedo imponía a quienes no se sometieran a sus normas o se opusieran a su accionar. Como resultado de la judicialización, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro de reclusión para los nueve procesados, quienes deberán responder por los cargos imputados mientras se desarrolla el proceso en su contra.
