La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, expresó su profunda preocupación por el Decreto 0603 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el pasado 13 de junio. La medida, que entró en vigor el 14 de junio y se extenderá hasta el 19 del mismo mes, ordena la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas y procedimientos especiales de Policía contra los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Asimismo, establece la creación de una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) en la zona rural del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, con el objetivo de facilitar el tránsito de los miembros de este grupo disidente de las extintas Farc hacia la vida civil, en el marco de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogos de paz.
En un comunicado público, Asocapitales señaló que la construcción de paz requiere condiciones de legitimidad y confianza institucional, así como garantías para la ciudadanía y las autoridades encargadas de la seguridad en los territorios. La asociación manifestó que la suspensión de acciones ofensivas, sin mecanismos claros de verificación y coordinación con las autoridades locales, podría generar riesgos significativos para la seguridad en las ciudades capitales, que son las que enfrentan directamente los flagelos de la violencia, el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Por ello, pidieron que se establezcan mecanismos de seguimiento y coordinación que permitan a los mandatarios locales conocer el desarrollo de la implementación del decreto y mitigar cualquier posible afectación al orden público.
Detalles del decreto y compromisos de la CNEB
El Decreto 0603, vigente por un periodo de seis días, establece que la suspensión de operaciones ofensivas aplica únicamente en los corredores y rutas que han sido definidos para el traslado de los integrantes de la CNEB desde sus zonas de origen hacia la ZUT en Valle del Guamuez. La información sobre estos desplazamientos, incluyendo las fechas exactas, será de carácter reservado para garantizar la seguridad del proceso. Como contrapartida, la CNEB se comprometió a no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública durante el traslado y su permanencia en la zona de ubicación temporal. La medida no crea una zona de despeje, ni limita las funciones constitucionales de la Fuerza Pública en materia de seguridad y control territorial en el resto del país.
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos, se creó un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que contará con la participación de representantes del Gobierno Nacional, de la CNEB y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Adicionalmente, se ha conformado un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Putumayo para coordinar las acciones en el territorio. Sin embargo, la preocupación de Asocapitales persiste, pues consideran que la medida carece de mecanismos que vinculen efectivamente a las autoridades locales de las ciudades capitales, que podrían verse afectadas por movimientos no controlados de integrantes del grupo armado.
«Desde Asocapitales expresamos nuestra preocupación por el Decreto 0603 de 2026, que suspende operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y establece una zona de ubicación temporal en Putumayo».
Asocapitales, comunicado público
El llamado de la asociación se enmarca en un contexto donde las capitales del país han sido históricamente receptoras de los efectos de los conflictos armados. El decreto, que busca facilitar el tránsito hacia la vida civil de los miembros de la CNEB listados y reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha generado un debate sobre los alcances de la política de paz total del Gobierno Nacional. Para Asocapitales, la legitimidad del proceso depende de que las comunidades y las autoridades locales no queden en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad, y que se garantice que la suspensión de las operaciones ofensivas no derive en un vacío de poder que aprovechen otras organizaciones criminales para expandir su accionar delictivo en los centros urbanos.
