El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y una exsubdirectora de adopciones salieron al paso de la polémica desatada tras la viralización de un presunto abuso infantil en un balcón de Usaquén, Bogotá, ocurrido el 14 de junio de 2025. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó a Blu Radio que los exámenes de Medicina Legal descartaron violencia sexual en el incidente que movilizó a la policía y llevó a la retención temporal de un ciudadano estadounidense, quien recuperó la libertad el 16 de junio. Sin embargo, el proceso de adopción internacional de tres hermanos menores de siete años, que ya llevaba casi tres años y se encontraba en sus últimos siete días de trámite, quedó bajo revisión.
El caso que reabrió el debate
Los hechos se originaron cuando vecinos del sector denunciaron lo que consideraron un posible abuso sexual contra un niño de siete años en el balcón de un edificio residencial. La alerta generó una inmediata intervención policial y la retención del padre adoptivo, de nacionalidad estadounidense, quien junto a su esposa estaba en la etapa final de integración de los tres hermanos. El ICBF activó de inmediato los protocolos: exámenes médicos, verificación de derechos, informes a la Fiscalía y peritajes forenses. El resultado fue contundente: no hubo violencia sexual, según lo reiterado por Cáceres. No obstante, el episodio reabrió el debate público sobre el sistema de adopciones en Colombia y el papel de las Instituciones Autorizadas para adelantar Programas de Adopción (IAPAS).
«No hubo violencia sexual»
Astrid Cáceres, directora del ICBF
Andrea León, exsubdirectora de adopciones del ICBF, explicó en La FM que las IAPAS no son instituciones privadas autónomas, sino que «hacen parte del bienestar familiar» y operan bajo la licencia y el acompañamiento estatal. «Son miles los pasos que se hacen antes de que una familia llegue al proceso de adopción», señaló León, quien insistió en que «lo primero es no seguir separando los procesos como si fueran privados o públicos». Para la exfuncionaria, las IAPAS cumplen un papel complementario en un contexto donde hay alta demanda de adopciones, pero siempre bajo la supervisión del ICBF.
Un sistema con miles de niños esperando
El caso puso sobre la mesa las cifras que reflejan la realidad de la adopción en Colombia. Actualmente, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes esperan una familia adoptiva, de los cuales cerca del 67% son adolescentes entre 13 y 17 años. Más de 2.200 menores superan los 12 años, un perfil que suele quedar fuera de las expectativas iniciales de las familias adoptantes. En lo corrido de 2025, se concretaron 692 adopciones. «Hay más de 3.000 niños que anhelan ser acogidos por una familia», recordó Andrea León, destacando que la mayor parte de los menores en espera son adolescentes, grupos de hermanos o niños con necesidades especiales.
El proceso de adopción en Colombia es público, gratuito y sometido a múltiples controles. Las familias deben pasar por verificación de antecedentes, documentación apostillada y una evaluación física, moral y social. En las adopciones internacionales, como la de este caso, interviene la Subdirección de Adopciones del ICBF y entidades del país de origen, como el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pueden adoptar personas solteras, cónyuges, compañeros permanentes con al menos dos años de convivencia, colombianos o extranjeros, y parejas homoparentales. La adopción es irrevocable: el adoptado recibe los apellidos de los adoptantes y deja de pertenecer a su familia biológica.
«Las Iapas hacen parte del bienestar familiar, no son instituciones privadas»
Andrea León, exsubdirectora de adopciones del ICBF
Pese a que la violencia sexual fue descartada, el proceso de adopción de los tres hermanos sigue bajo revisión por parte del ICBF. La pareja estadounidense, que había superado todas las etapas previas durante casi tres años, se encontraba en la recta final del trámite cuando ocurrió el incidente. Ahora, la entidad evalúa si las condiciones de integración y seguridad de los menores se cumplen a cabalidad. El caso, más allá de la polémica puntual, ha servido para que voceros del sistema de adopción insistan en la necesidad de entender el proceso como un engranaje estatal donde las IAPAS actúan como aliadas supervisadas, y no como entes privados independientes. Mientras tanto, más de 3.000 niños continúan a la espera de una familia que los acoja.
