La Corte Constitucional, a través de su Sala Octava de Revisión, emitió la Sentencia T-148 de 2026, en la que ordenó a la plataforma Picap Rent modificar sus procedimientos de sanción para garantizar el debido proceso. El fallo, con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño y respaldo de la magistrada Natalia Ángel Cabo y el magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis, tuteló los derechos fundamentales de Jhonniell Antonio Colina López, un repartidor venezolano que se vio afectado por un bloqueo injustificado de su cuenta en la aplicación.
El caso se originó el 25 de junio de 2023, cuando Colina López, quien trabajaba como repartidor en motocicleta a través de la plataforma, sufrió el bloqueo de su cuenta sin recibir explicaciones claras por parte de la empresa Portales de Contacto LATAM S.A., propietaria de Picap Rent. La Corte encontró que la compañía vulneró los derechos de petición y debido proceso al no brindar información suficiente ni ofrecer mecanismos de defensa ante la sanción impuesta. Durante el trámite judicial, la cuenta fue reactivada, pero el tribunal emitió órdenes con efectos futuros para evitar que la situación se repitiera.
Órdenes a la plataforma y al Estado
En su decisión, la Corte Constitucional ordenó a Picap Rent modificar sus procedimientos sancionatorios para todas las categorías de usuarios. La sentencia exige que la empresa «brinde explicaciones oportunas y detalladas sobre la conducta que se reprocha al usuario y qué justificaría la imposición de una sanción», además de garantizar un recurso efectivo contra decisiones automatizadas. La Corte reiteró que el debido proceso aplica incluso en relaciones entre particulares cuando una de las partes tiene facultad sancionadora.
«brinde explicaciones oportunas y detalladas sobre la conducta que se reprocha al usuario y qué justificaría la imposición de una sanción»
Corte Constitucional, Sentencia T-148 de 2026
El alto tribunal también exigió al Gobierno Nacional, bajo la coordinación de la Presidencia de la República, «adelantar actividades de inspección, vigilancia y control» sobre las plataformas digitales. La sentencia convoca a mesas de trabajo con los Ministerios de Transporte, Trabajo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como con las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y de Transporte, para establecer mecanismos de supervisión sobre Portales de Contacto LATAM S.A. y Digital Platforms Colombia S.A.S.
«adelantar actividades de inspección, vigilancia y control»
Corte Constitucional, Sentencia T-148 de 2026
El fallo representa un precedente clave para los derechos de los trabajadores de plataformas digitales en Colombia, al advertir sobre las dificultades institucionales que existen para identificar responsables y regular el control de estas empresas. Con esta sentencia, la Corte busca evitar que situaciones similares se repitan, protegiendo a los usuarios ante decisiones automatizadas que carecen de transparencia y posibilidad de defensa.
