El presidente Gustavo Petro ordenó a su equipo jurídico emprender acciones legales contra un fallo judicial que le prohíbe utilizar recursos oficiales para emitir mensajes electorales, en una decisión que calificó como un intento de silenciar al jefe de Estado. El anuncio se produjo durante el Consejo de Ministros del martes 16 de junio, como respuesta a la medida cautelar impuesta por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín, que le ordena abstenerse de usar bienes, canales y escenarios de su investidura para propaganda electoral o mensajes que favorezcan o desfavorezcan a candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
La controversia se originó a raíz de una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas, quien aportó como evidencia publicaciones en medios y capturas de pantalla de mensajes del mandatario en redes sociales. El juzgado consideró que dichos pronunciamientos podrían afectar las garantías electorales, ordenando de manera provisional que Petro se abstenga de intervenir en la contienda entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, así como de utilizar plataformas oficiales para mensajes dirigidos a influir en el proceso. El incumplimiento de esta medida, que estará vigente mientras se resuelve de fondo la tutela, podría acarrear sanciones por desacato según la normativa vigente.
Petro defiende su derecho a denunciar
Durante la reunión de ministros, el presidente colombiano argumentó que sus declaraciones responden a una obligación constitucional como funcionario público. «Eso es callar a un presidente de la República elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces. El último ya dice que no puedo hablar de elecciones. No señor. Y quiero que mis abogados actúen de inmediato», expresó Petro, visiblemente molesto. El mandatario insistió en que sus comentarios sobre el candidato Abelardo De la Espriella, a quien cuestionó por sus actuaciones calificándolas de hechos graves de interés público, no constituyen propaganda electoral sino denuncias necesarias.
«Solo he hablado de gente que está en campañas porque hacen crímenes. Y mi obligación es, como funcionario público, denunciarlo. Es una obligación constitucional»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El fallo del Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín se suma a un antecedente del Consejo de Estado del 28 de mayo, que emitió una orden similar sobre la participación en política de servidores públicos, citando el artículo 38 numeral 2 de la Ley 996 de 2005. Mientras el equipo jurídico presidencial se alista para impugnar la decisión, Petro reiteró que su deber es denunciar cualquier delito que observe, dejando claro que no permitirá lo que considera una restricción a su libertad de expresión y a sus funciones constitucionales.
